La Junta atiende a más de 700 menores en riesgo de exclusión en la provincia de Huelva

La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía ha renovado con la Diputación de Huelva y los ayuntamientos de Huelva, Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Moguer y Cartaya los convenios anuales de colaboración para financiación de los equipos de tratamiento a familias (ETF) con menores en situación de riesgo o desprotección para el periodo 2022-2023. Este programa del sistema de protección de menores en Andalucía tiene un coste de 1,28 millones en Huelva y atiende a más de 386 familias y 743 menores en la provincia.

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023, el coste del programa se reparte entre la Diputación provincial (532.836 euros), y los Ayuntamientos de Huelva (14.069 euros); Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Moguer (88.806 euros cada uno), y Cartaya (74.005 euros).

Los programas de tratamiento familiar, gestionados a través de la Consejería de Igualdad, reconocen el papel de la familia como institución fundamental para   el desarrollo de la persona, e inciden en la necesidad de ofrecer a los niños y adolescentes una atención integral que abarque desde sus necesidades físicas a las psicológicas, emocionales o sociales, conforme a la normativa andaluza.

Estos cumplen un doble objetivo. Por un lado, eliminan y atajan la conducta de maltrato , y por otro trabajan para instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar.

«El papel que juega la familia en el desarrollo infantil es básico por los vínculos afectivos que en ella se establecen», ha explicado el delegado provincial de Igualdad, Manuel Antonio Conde , durante la firma de los convenios. «Y es fundamental el esfuerzo y compromiso de las administraciones públicas para satisfacer y preservar ese derecho de los niños y adolescentes a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferentemente con sus padres», ha añadido.

Aproximadamente el 57% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en alrededor del 35% de los casos. También se detectan adicciones (27%), problemas psíquicos o comportamentales (42,79%) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (40,95%).