TRIBUNALES
La investigación por las ayudas al PER en Huelva alcanza la Costa con el alcalde de La Redondela
Arrancan en los juzgados de Ayamonte las comparecencias del regidor del PSOE, Salvador Gómez, y otros cargos públicos en calidad de investigados por las concesiones de fondos agrarios en la zona
La investigación abierta en Huelva por la presunta trama en la concesión de ayudas del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) - antes PER- desde la Diputación Provincial llega a la Costa, uno de los vértices del triángulo que forman los juzgados – junto a los de Valverde y Aracena - que mantienen diligencias en curso.
En las causas se investigan delitos de prevaricación , malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad en documento público, que se están concretando en cada uno de los casos. Dos meses después de que se conociera el alcance de las irregularidades en el Andévalo, con la implicación de al menos nueve cargos públicos y personal vinculado a la Diputación y al Ayuntamiento de Tharsis , arrancan hoy -tras una primera fase de instrucción- las comparecencias en la Costa occidental .
Según ha podido confirmar ABC, el alcalde de La Redondela, Salvador Gómez de los Ángeles (PSOE) declara hoy en calidad de investigado en el Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte –que se ha hecho cargo de la investigación en este partido judicial- , junto a otros cargos del Ayuntamiento.
Para Gómez de los Ángeles es su segunda causa judicial, al encontrarse a las puertas de juicio por presuntos delitos de prevaricación urbanística y fraude de subvenciones precisamente por una ayuda pública que la Entidad Local Menor (ELA) La Redondela recibió -para la construcción de una guardería- que no fue justificada, y mientras las obras no habían comenzado.
El origen de los procedimientos que se siguen de forma paralela en tres partidos judiciales, después de que la Audiencia Provincial de Huelva resolviera sobre la competencia del asunto, es una denuncia interpuesta en 2013 por uno de los técnicos que tramitaba dichas ayudas. Como consecuencia de esta denuncia, en febrero de 2015 la Guardia Civil llevó a cabo un registro por orden judicial en las sedes de la Diputación de Huelva y del Servicio Público Estatal de Empleo .
Según el denunciante, como adelantó ABC, se estaban produciendo « graves irregularidades en la gestión del Programa para el Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Huelva por parte de políticos y técnicos de las tres administraciones intervinientes en el otorgamiento, control, seguimiento y pago de las subvenciones adscritas a este programa».
El denunciante señalaba además que estas instituciones eran la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Huelva (SPEE), el Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la propia Diputación onubense.
El presidente del organismo provincial cuyo y secretario general del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo , está inmerso en otra cusa judicial, al estar imputado por el caso de la supuesta compra de dos concejales de Podemos en Aljaraque para evitar una moción de censura contra su partido en este municipio onubense.
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