La Fiscalía mantiene los cargos por cohecho contra el líder del PSOE de Huelva por el soborno de Aljaraque
Las defensas de los cinco investigados en la causa piden el sobreseimiento y la declaración del denunciante
El procedimiento abierto a comienzos de 2017 por el presunto intento de compra de dos concejales de « Sí Se Puede Aljaraque » para frenar una moción de censura firmada con el PP para desbancar al PSOE del gobierno local, queda ahora pendiente de la decisión de la instructora, María José Fernández , una vez trasladada la imputación de los implicados a las partes personadas en la causa siguiendo el trámite de la Ley del Tribunal del Jurado.
En la comparecencia señalada para este viernes por la titular del Instrucción 1, celebrada con la ausencia de todos los investigados a excepción del directivo de Aguas de Huelva -al no suponer impedimento-, la Fiscalía de Huelva ha mantenido el cargo por cohecho contra el secretario del PSOE onubense y presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo , así como de los otros cuatro investigados, los dos concejales de la formación, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R., de la compañía de aguas.
Según ha podido confirmar ABC, el Ministerio Público, a cuya petición se ha adherido la acusación particular, ha solicitado además como diligencia complementaria que se cite a declarar en calidad de investigado a otro directivo de Aguas de Huelva cuyo nombre aparece en distintas declaraciones a lo largo de la instrucción, para concretar o descartar su implicación en el supuesto soborno .
Según la denuncia del asesor de la formación morada que dio origen a la apertura de la investigación judicial , el sindicalista de CCO ofreció a los concejales de «Sí Se Puede Aljaraque» una delegación municipal en uno de los casos y un puesto de trabajo en Aguas de Huelva para la mujer del segundo de los ediles investigados, a cambio de que no continuaran con la moción de censura.
Precisamente las defensas de los investigados, que han pedido el sobreseimiento de la causa , han pedido una nueva declaración del denunciante , al que no interrogaron en la fase de instrucción ya que su comparecencia en sede judicial se produjo mientras la causa estaba aún bajo secreto.
Las defensas además solicitan la nulidad de los informes policiales y de las grabaciones que el denunciante puso en manos de la instructora alegando que no se ha garantizado, a su juicio, la cadena de custodia y que se ha vulnerado el derecho de sus representados.
A partir de este trámite, la instructora emitirá un auto – no hay plazo límite- en la que decidirá la continuación del procedimiento o el sobreseimiento del mismo . En caso de que la decisión sea la de continuar, se pronunciará sobre las diligencias solicitadas por acusaciones y defensas y será en un trámite posterior cuando se pronuncie sobre la apertura de juicio oral contra los investigados .
Llegado este punto y en el supuesto de que Caraballo siga como acusado, el código ético del PSOE contempla su dimisión . Desde el PSOE se ha emitido un comunicado en el que expresa su «plena confianza en la Justicia y que la mejor manera de colaborar es dejar que su trabajo se desarrolle con tranquilidad y sosiego».
