Fernández Marugán, nuevo Defensor del Pueblo
Fernández Marugán, nuevo Defensor del Pueblo - ERNESTO AGUDO

Fernández Marugán, nuevo Defensor del Pueblo, pide un informe de riesgo sísmico de Doñana

El veterano diputado socialista reclama una actuación del Instituto Geológico en el caso de Gas Natural en el parque natural

SEVILLA Actualizado: Guardar
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El nuevo defensor del Pueblo, el veterano diputado socialista extremeño Francisco Fernández Marugán, se estrenó ayer en el cargo con una solicitud de información al Instituto Geológico y Minero de España sobre los resultados de la evaluación ambiental del proyecto de almacenamiento de Gas Natural en Doñana en relación con el riesgo sísmico y su impacto sobre el acuífero.

La Institución del Defensor difundió ayer que había recibido varios informes que advierten de esta posibilidad y por ello reclama al Instituto Geológico Minero que evalúe si lo ha tenido en cuenta en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

El anuncio sorprendió ya que llega en plena polémica por la decisión de la Junta de Andalucía de instar al Gobierno central a paralizar el proyecto y amenazar con ir a los tribunales, para lo que esgrime un supuesto informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIS) del que esa institución se desvincula.

Fernández Marugán sostiene que el proyecto de almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, lo que podría «alterar» su resultado.

Los informes que constan en su poder, añade, no evalúan «en profundidad» los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. De ahí que considere necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. Hay que recordar que en 2015 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya solicitó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que elaborase un estudio de sismicidad durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Mientras, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, defendía su posición en el Parlamento e insistía en la trascendencia de la carta que el delegado en Andalucía del CSIC, Manuel Ángel Ferrer Baena, remitía al defensor del Pueblo andaluz en la que le informaba que la Estación Biológica de Doñana no estaba capacitada para aceptar su petición de investigar posibles riesgos sísimicos del proyecto de Gas Natural. En esa carta, Ferrer le remitió algunos documentos sobre Doñana que se habían realizado de forma dispersa por parte de algunos científicos de la institución, aunque le recomienda consultar al Instituto Geológico y Minero.

Ferrer añade que en virtud de los documentos que le envía «consideramos que el riesgo sísmico es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto sea valorado adecuadamente». En esta referencia es en la que Fiscal sostiene que el CSIC insta a paralizar el proyecto, un extremo que niega expresamente el presidente del CSIC Emilio Lora Tamayo, quien en una misiva, dirigida a Gas Natural Fenosa, descarta que el «informe» que esgrime la Junta de Andalucía sea la postura oficial de esta institución científica.

Fiscal considera «llamativa» la postura de Lora-Tamayo, del que dijo que además de «deslegitimar» a su propio delegado institucional en Andalucía y Extremadura «no reconociendo el informe firmado por él, envía una carta a Gas Natural Fenosa con diversas justificaciones, como si tuviera que rendir cuentas a esta compañía privada».

Por otra parte, Fernández Maruigán, como muestra de la «estrecha colaboración» que mantienen con su homólogo andaluz sobre la problemática de Doñana, anuncia que también solicitará de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero de Doñana .

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