Centro Comercial Nevada
La Junta de Andalucía acepta pagar los 200 millones del caso Nevada
El centro comercial solicita el pago forzoso de una indemnización fruto de los errores del gobierno andaluz y a la que tendrá que hacer frente el próximo ejecutivo
El promotor Tomás Olivo presentó el pasado 26 de noviembre una demanda de ejecución forzosa de la sentencia millonaria relativa al litigio que mantienen la Junta de Andalucía y el Centro Comercial Nevada de Granada por la paralización –fuera de plazo– de las obras durante ocho años. De acuerdo con las fuentes de ABC, la empresa Central de Galerías Comerciales reclama el pago de unos 200 millones de euros al gobierno autonómico, extremo al que la Junta accedió hace unas semanas.
El 23 de noviembre, después de que la empresa pidiera el pago voluntario de la deuda, la Junta de Andalucía respondió a Central de Galerías Comerciales que había «iniciado ya los trámites para su pronta ejecución». «Al exceder su importe ampliamente los recursos disponibles» de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ésta trasladó el asunto a la Consejería de Hacienda para estudiar las posibles vías de financiación .
Sin embargo, el gobierno autonómico no concretó cómo financiará la indemnización fijada por la sentencia: 165 millones, además de los intereses generados desde la emisión del fallo en 2016, a razón de unos 25.000 euros diarios. Por ello, dado que la Junta no ha especificado de qué forma abonará esta importante suma de dinero, Central de Galerías Comerciales presentó la demanda de ejecución forzosa.
El escrito del Centro Comercial Nevada se presentó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada , que hace solo tres días, el pasado 18 de diciembre, decretó la apertura de una pieza separada para tramitar la solicitud. Ahora la cuestión es cómo y cuándo se pagará la indemnización . Una patata caliente que de forma ineludible habrá de abordar el próximo ejecutivo cuando toque redactar el presupuesto autonómico .
Dilación del caso
Y todo ello al tiempo que la Junta de Andalucía, tras agotar la jurisdicción ordinaria y en un intento de dilatar el caso , mantiene un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que tampoco se pidió la suspensión de la sentencia. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional nunca entraría al fondo del asunto, sino que se limitaría a estudiar la supuesta vulneración de derechos fundamentales durante el proceso, un hecho que el Tribunal Supremo ha puesto en duda en varias resoluciones .
Pese a las múltiples negativas del Alto Tribunal, la Junta sostiene que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al no ser admitida a trámite su pericial en una vista clave del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, puesto que no asistió el letrado autonómico Antonio Luis Mallol, el mismo al que luego el gobierno andaluz premió con un ascenso a la jefatura de los servicios jurídicos en Granada, puesto que todavía ostenta.
Es uno de tantos «errores» cometidos por la Junta de Andalucía en este largo litigio en el que ha actuado con «pasividad» . La Justicia ha puesto de manifiesto la desidia de la Junta de Andalucía en todo el proceso, además de la connivencia entre el centro comercial y el gobierno autonómico, acusado de dar desde el principio cobertura jurídica a una «ilegalidad» que frenó tarde con un procedimiento inútil.
Un litigio errado
Se da la circunstancia de que fue un familiar dicho letrado el encargado de impugnar fuera de plazo las obras, que estuvieron paradas durante ocho años, lo que provocó un lucro cesante cifrado en los 165 millones de euros. El litigio por el Centro Comercial Nevada se remonta a 2006. Fue entonces cuando la Junta de Andalucía optó por paralizar las obras del inmueble después de haber dado luz verde al plan urbanístico que hizo posible el Ayuntamiento de Armilla .
Gobernado entonces por el PSOE, el Ayuntamiento de Armilla aprobó la edificación que más tarde fue declarada ilegal. La cúpula consistorial del conocido como «clan de Armilla» , con una significativa influencia dentro del partido, también fue condenada posteriormente por permitir las obras de un inmueble cuatro veces más grande que el planteado en un principio , construido sobre zonas verdes con una planta extra, por lo que la Fiscalía llegó a pedir su demolición completa.
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