El triunfo de la burocracia

¿Es posible legalmente construir un centro comercial en Rabanales 21? Parece ser que sí. ¿Están de acuerdo los actores del proceso en que eso se haga? Parece que también tras no pocos recelos. ¿Genera un disturbio particularmente relevante en la economía local? Según el convenio firmado por los promotores y el pequeño comercio, no. De lo contrario, ese acuerdo no existiría. ¿Se arriesga dinero público? Todo el capital que está ahora mismo en el aire es privado. ¿Va a salir adelante la inversión de 30 millones de euros? Si todo sigue como hasta el momento, lo más probable es que no por dos razones: hubo injerencias políticas graves durante una parte del tiempo que ha pasado y, en segundo lugar, la burocracia ha tomado el asiento del piloto.

La gente que entiende de Urbanismo es como los médicos o los juristas. Si su materia es compleja, tienden a enredarla aún más con un solo objetivo: mantenerse como los únicos que entienden de la cuestión. Los chamanes, las autoridades inapelables. Esos que usan palabras como pormenorizado, estratégico o simplificado. Quienes aplican o han inspirado leyes que ya ni ellos entienden generando problemáticas —para qué decir problemas, que es más simple— de carácter irresoluble. Como Eugenio D’Ors, quien cada vez que escribía algo se lo daba a leer a la criada. «¿Se entiende?», decía el intelectual. «Perfectamente, don Eugenio», contestaba la señora. «Pues habrá que oscurecerlo», decía el autor del «Glosario».

Es sarcástico que hayan sido arquitectos, cuya materia prima es el espacio, quienes hayan conseguido que la línea recta no sea el trayecto más corto entre dos puntos. No cabe ya detallar las cuestiones procedimentales puesto que eso es entrar en la trampa de la burocracia. La legislación urbanística ha generado un monstruo pretendidamente garantista dedicado a devorar tiempo y recursos. Un papel más, un informe más, dos sellos oficiales. ¿Modifica a efectos prácticos que Rabanales 21, en situación agónica, lleve a cabo de una u otra forma el uso comercial de una parcela que tiene criando jaramagos? No. ¿Se puede imputar al tecnoparque o a los inversores privados haber caído por sus propias decisiones en una mera trampa administrativa? Parece que tampoco. La dinámica burocrática y legalista en la que ha entrado esta cuestión no es ya sino una barrera al desarrollo de un legítimo proyecto empresarial y a la estabilidad de un equipamiento de I+D, que con la orientación correcta, haría mucho bien a la economía cordobesa.

Un dato. Con la nueva legislación urbanística, se ha tenido que pedir un informe sobre impacto a la salud para construir un campo de fútbol público en el barrio de Santa Cruz. Se imagina uno que algo bueno para el tono muscular de los vecinos y muy malo para algunos meniscos. ¿A quién beneficia un paso tan surrealista sino a quienes trabajan o viven de ese elefantiásico aparato burocrático? Otro dato. El mismo informe de impacto ambiental que se le pide a un centro comercial de tamaño muy limitado no está siendo necesario para la llamada «innovación Cosmos», concebida para llevarse industrias que quemen residuos a suelos de la campiña, donde se imagina uno que los efectos ambientales serían, al menos, dignos de estudio.

Rabanales 21 ha dejado de ser un caso para ser un arquetipo. El de la obsolescencia administrativa que se convierte en un problema. Como esas muñecas rusas que se contienen unas a otras, eso a lo que llaman «lo público» puede ralentizar, y de qué forma, decisiones importantes —inviduales o colectivas— bajo criterios que alguien con dos dedos de frente no entiende.

Piénsenlo fríamente. ¿Quién puñetas va a acudir a la llamada de la logística, al aeropuerto para VIP de Oriente Medio que tiene la alcaldesa en la cabeza, si existen muros burocráticos que tardan tres años o más en tramitar los permisos para abrir una tienda grande? ¿Cómo demonios convencer a una empresa inversora de que apueste su capital por un territorio donde campa a sus anchas la ley del vuelva usted mañana?