Rafael Velasco, de vuelta a los jugados de Córdoba y Sevilla diez años después de su dimisión

Corría 2009 y el entonces presidente andaluz, José Antonio Griñán , entraba en un acto institucional rodeado de altos cargos del partido. Corrillo de la prensa: «presidente, un momento». «Preguntadle a éste que es el que manda» , aseguró Griñán, con toda la guasa, señalando a su joven acompañante. Era Rafael Velasco, que contaba entonces con 35 años de edad. Manuel Chaves lo había nombrado secretario de Organización tras escuchar al entonces poderoso clan de Palma . Griñán, que lo apadrinó en Madrid junto a políticos como Carme Chacón , lo ascendió a vicesecretario general del PSOE-A. El hombre del partido. Al otro lado del espejo, en el Gobierno, Susana Díaz . Ella .

La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de ordenar la reapertura del procedimiento judicial a las ayudas a la formación, concedidas a la empresa propiedad de la mujer de Velasco, que le costaron la prometedora carrera política hace ahora justo una década. El entonces «golden boy» del PSOE dimitió a finales de 2010 cuando fructificó una operación de fuego amigo de libro . Aulacen Cinco, una pequeña empresa creada para impartir cursos (del montón que existían en esos años), recibió hasta catorce ayudas distintas procedentes de los servicios centrales de la Junta y de la Delegación Provincial de Empleo en Córdoba. El montante ascendía a más de 700.000 euros . Velasco decidió marcharse al asegurar que existía una cacería política contra su familia. Desde entonces se dedica a la empresa privada. No se le ha vuelto a ver en temas de partido.

La juez Núñez -que asumió los casos de Mercedes Alaya - fue la que decidió cerrar el caso parcialmente y mandar el restante a los tribunales de Córdoba. La novedad establecida en el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla es que, una década después de la dimisión y trece de que se concedieran las ayudas (datan en su mayor parte del año 2007, en pleno boom de los cursos de formación), se crea el caso Velasco I -que se instruye en Sevilla con los expedientes que se gestionaron en los servicios centrales de la Junta- y el Velasco II -que recaerá sobre un juzgado de Córdoba para ayudas tramitadas exclusivamente en la Delegación de Empleo de la Junta-.

El último auto de la Audiencia Provincial de Sevilla constituye un corolario de uno de los casos más raros que se pueden ver en unos tribunales. Ni el expolítico ni nadie de la empresa perceptora de los fondos fue llamado nunca a declarar . No hay fotos suyas personándose en los tribunales. De hecho, el auto recuerda a los futuros instructores de la causa que lo que toca es identificar a las personas investigadas como presuntas responsables de un delito. Como se decía en antiguo: imputar .

La tesis de la juez Núñez es que no toda ayuda ilegal es delictiva . Han de concurrir una serie de circunstancias relacionadas con la cuantía librada o percibida y la forma en la que se consiguió tal ayuda. La Audiencia no anula el archivo de las diligencias -en el caso de que éstas existiesen- por esta razón. Afirma que, al menos, hay que realizar una indagación básica de los hechos para llegar a la conclusión de que podría haberse producido un delito o no. Asegura también que a la hora de pegar el carpetazo a cómo se consiguieron las ayudas en los servicios centrales de la Junta hay que realizar una exposición razonada de quién intervino y qué hizo para llegar a la conclusión de que no hay un acto delictivo detrás.

Si las ayudas motivaron un escándalo, las propias fechas del expediente judicial son un canto a la lentitud del Poder Judicial . Las diligencias que arrancaron el caso tienen fecha de 2015, siete años después de concederse. La juez María Núñez decidió el archivo parcial de las actuaciones y remitir parte del procedimiento al juez decano de Córdoba el 13 de octubre de 2017 . El Partido Popular llevó a cabo un recurso en enero de 2018 . La respuesta data de diciembre de 2020. Hace apenas unos meses, se condenó a los únicos seis empresarios que fueron investigados en Córdoba por fraude en los fondos de formación a raíz del caso Edu. Las penas han terminado siendo, en su mayor parte, simbólicas .