El Palacio de Congresos entra en una maraña judicial

El Palacio de Congresos de la Junta, cuyas obras deberían haber estado acabadas en diciembre de 2014 y se quedaron al 51% de ejecución, no termina de levantar el vuelo. Ahora, se ve envuelto en una maraña judicial, porque dos nuevos litigios se suman al que ya existía: el de Canval contra la adjudicación a Aldesa a mediados de 2014 de los trabajos de ampliación de este equipamiento. De los dos, el que más quebraderos de cabeza podría suponer al deseo del Ejecutivo autónomo de reanudar las obras es el de precisamente Aldesa. Acaba de llevar a los tribunales la rescisión del contrato que tenía con el Gobierno andaluz. Éste anuló en noviembre la vinculación que tenía con esta constructora para sacar otra vez a concurso la actuación en el inmueble de la calle Torrijos.

Eso sí, la Junta aún no ha dado fechas ni para la nueva licitación, ni para reiniciar las obras ni para su conclusión. Se limita a indicar que sus cuentas de 2016 incluyen partida para este proyecto.

Dicho proyecto consiste en modernizar el Palacio de Congresos y mejorar su capacidad. La actuación principal era subir el aforo del salón de actos de 539 a 775 butacas. Fue en junio de 2014 cuando la Consejería de Turismo y Comercio, dirigida entonces por IU, comunicó que Aldesa había ganado el concurso para ampliar el salón de actos, con una oferta de 1,3 millones, un 17% menos del precio de licitación.

Después, como reveló ABC, se conoció que Turismo y Comercio realizó dicha adjudicación obviando un informe de los técnicos autonómicos que consideraban que no había justificado la baja temeraria de su oferta. Sin embargo, el documento fue considerado «no concluyente» y Turismo y Comercio acabó dando por ganador a Aldesa.

Recurso de Canval

Canval, constructora cordobesa que participó en el concurso, llevó la licitación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que aún no ha resuelto al respecto. Actuaba así ante lo que consideró una arbitrariedad.

Entonces, se esperaba que los trabajos estuvieran listos a finales de 2014. Se fueron demorando y en mayo de 2015 la realidad dio la cara. Las subcontratas revelaron que sufrían desde enero impagos de Aldesa, con lo que las obras estaban bloqueadas. En julio, con los trabajos al 51%, el Ejecutivo regional anunció, ante los incumplimientos de la constructora, que iba a anular el contrato con ella, para iniciar otro concurso para ejecutar las actuaciones pendientes. Recabó lo informes preceptivos para la rescisión a finales de noviembre, pero tampoco eso supuso una solución, ya que a día de hoy no ha llegado.

De hecho, según confirmaron fuentes de la Junta, Aldesa ha acudido recientemente a los tribunales, a la vía contencioso-administrativa, para demandar a la Junta por la resolución del contrato para la ampliación del Palacio de Congresos. Habrá que esperar a conocer cuestiones como si el recurso incluye la solicitud de medidas de tipo cautelar, que pudieran afectar al nuevo concurso que se saque. En octubre, el delegado en Córdoba de la Consejería de Empleo y Comercio [la que lleva ahora el proyecto], Manuel Carmona, dijo que, aunque esta constructora, una de las más potentes de España, llevara la rescisión del contrato a los tribunales, se podía abrir otro concurso, para el que no se ha dado aún ninguna fecha.

Un tercer frente judicial se le ha abierto al Ejecutivo regional en este equipamiento, aunque no por la ampliación, sino por la explotación. En octubre, extinguió la concesión del Palacio de Congresos a la empresa Concord OPC, ligada al empresario Vicente Carmona, que fue presidente del Consorcio de Turismo municipal. El motivo de la rescisión fue que la adjudicataria no pagaba el canon desde 2012. Ahora, según acaba de publicar el BOJA, Concord OPC ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la anulación de la concesión.