Trata de personas
Mentiras, vudú y violencia: así captaba mujeres la red de prostitución que operaba en Córdoba
El Supremo ratifica la pena a un hombre que explotaba sexualmente a jóvenes en clubes de carretera, entre ellos los de Lucena y La Carlota
Más de cuatro mil kilómetros separan el sur de Córdoba de Benin City (Nigeria) y un abismo aún mayor se abrió en la vida de cuatro mujeres al llegar a España desde esa pequeña ciudad.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la pena de 39 años y dos meses para O.J. , más conocido como «papá Busch», como líder de una red de trata de personas que operaba en distintos clubs de alterne en España, entre ellos los de Lucena y La Carlota . Desde 2009, el acusado trajo al territorio nacional a distintas mujeres, algunas de ellas menores, con la promesa de darles una vida mejor, pero su destino siempre era el mismo, la explotación sexual.
El texto de la sentencia permite conocer el « modus operandi » de la red. Papá Busch era el encargado de establecer el primer contacto con la mujer, a la que prometía trabajo y una vida mejor en España. La difícil situación de las víctimas en África era lo que obligaba a muchas a aceptar.
Cuando se trataba de menores de edad , la promesa viraba hacia la posibilidad de continuar los estudios en territorio español, una idea que rápidamente recibía el visto bueno de la familia, una vez más fascinados por la posibilidad de una vida mejor.
El siguiente paso era someter a las víctimas a un ritual de vudú, en el que le cortaban el pelo y el vello púbico, incluso en algunos casos llegaron a matar un gallo, lo que infundía temor en la víctima. Un miedo que sería replicado posteriormente a través de violencia física y las amenazas de hacer daño a su familiares y amigos en Nigeria.
Una vez en España, las mujeres conocían cuál sería su verdadera vida . Durante el tiempo que estuvieron bajo el control de O.J., viajaron por distintos prostíbulos del país, bajo el pretexto de tener que pagar la deuda que habían contraído y que, por distintos motivos, nunca llegaba a saldarse.
Por ejemplo, en el caso de la primera víctima, tardó tres años en pagar los 50.000 euros que le reclamaba el cabecilla, pero una vez alcanzada la cifra empezaron a surgir nuevas deudas, como el pago por una estancia inexistente en Madrid. El TS ordena también resarcir económicamente a las víctimas el dinero robado y una cantidad extra en concepto de «daño moral».
La sentencia pone de manifiesto la situación de los clubs de alterne. Una situación que el propio texto del tribunal define como « la esclavitud del siglo XXI ».
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