La Junta registra su petición de 30 años de prisión para la cúpula de Guadalquivir Futuro

El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha elevado su escritos de calificación provisional de los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba en relación a las «mordidas» de la Fundación Guadalquivir Futuro . Tal y como adelantó este periódico, el letrado del Gobierno andaluz ha pedido las mismas penas solicitadas por la Fiscalía para los tres acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores y otros dos de fraude de subvenciones o ayudas de la administración pública, que suman un total de 30 años de cárcel . También considera que procede imponer una sanción de 300.000 euros por cada delito de fraude para cada uno y 5.400 euros a cada uno por el delito contra los derechos de los trabajadores si finalmente resultan condenados.

Así se recoge en el escrito de acusación remitido al juzgado por el Servicio Jurídico Provincial de Córdoba, al que ha tenido acceso ABC, y en el que pide apertura de juicio oral contra Cristian Menacho, Ángeles Muñoz y José Antonio González por supuestamente «adueñarse con ánimo de ilícito beneficio» de un dinero que debió haberse destinado íntegramente al pago de los salarios de las personas contratadas. Del relato de los hechos que describe el letrado de la Junta en sus conclusiones provisionales no se extrae ninguna información que no se conociera. Las entidades Asociación Jóvenes para el Futuro , Fundación Guadalquivir Futuro y Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir solicitaron ayudas para el fomento de empleo en una zona especialmente sensible, la del Distrito Sur de la capital. Una vez se realizaban los contratos a estas personas, desempleadas de larga duración, los responsables de estas entidades indicaban un horario laboral y un sueldo a percibir diferente al que se establecía en el contrato laboral, detrayendo de su salario cantidades que hacían pasar por «donaciones voluntarias». Los afectados accedían por temor a quedarse sin el contrato.

Tanto la Fiscalía como el gabinete jurídico de la Junta creen que cada uno de los procesados tiene que cumplir una pena de tres años y siete meses de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores. En el caso del presunto fraude de subvenciones, coinciden en pedir pena de tres años de prisión por cada uno de los dos delitos . La acusación particular por su parte considera que el primero de los cargos debe tener un castigo de cuatro años para cada uno de ellos y eleva a tres años y seis meses la petición para el delito de fraude de ayudas públicas.

Además, la Fiscalía y la Junta reclaman que se pierda el derecho a recibir ayudas públicas de cualquier tipo durante cuatro años. De las partes en el procedimiento, queda por conocer la calificación que hace Podemos , que pedía seguir investigando los lazos de los gestores con altos cargos del PSOE de la capital. El Juzgado, sin embargo, descartó indagar en la trama política ampliando las digilencias del caso. Muñoz y Menacho, madre e hijo, ocuparon respectivamente lugares en las listas a las municipales de Juan Pablo Durán e Isabel Ambrosio . Menacho era además el secretario local de las Juventudes Socialistas.