La Fiscalía archiva las denuncias contra el obispo

La Fiscalía ha decretado este miércoles el archivo de la denuncia y el escrito presentados contra el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por supuestas «declaraciones homófobas». El Ministerio Público ha ordenado el archivo de estas denuncias basándose en la doctrina denominada «proscripción de causas penales generales», es decir por ser una denuncia generalista y no recoger un hecho punible concreto y determinado, según informaron fuentes judiciales.

La Fiscalía de Córdoba ha tardado unas semanas en estudiar la causa desde que recibió la primera denuncia presentada por un particular, en la que el primer denunciante, Rafael Bueno Redondo, recogía unas declaraciones del obispo de Córdoba, en las que denominó como «bomba atómica» a la ideología de género.

Por ello, en esta denuncia, ahora archivada, se instaba a la Fiscalía a considerar como delitos de incitación al odio las declaraciones «homófobas y vergonzantes» del prelado.

Una semana más tarde, llegaba a la Fiscalía un escrito presentado por el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado en el que pedía a la Fiscalía que investigara al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, por si sus «reiteradas» declaraciones «ofensivas» hacia el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales suponen, dice, «un posible caso de discurso de incitación al odio». En la solicitud, que se sumaba a la que ya había realizado el particular en términos similares y se destacaba que la petición contaba con el respaldo de unas 2.000 personas que habían firmado su propuesta en la plataforma "change.org", el socialista señalaba que «la libertad de expresión tiene un límite y es el derecho al honor y a la dignidad de las personas», de modo que «las manifestaciones del obispo superan este límite, faltando al honor y al respeto de muchas personas».

El escrito, ahora desestimado, afirmaba no cuestionar la «libertad de expresión y que dichas manifestaciones puedan resultar convincentes para algunos», pero afirma que son muchas las personas a las que «molesta su ánimo de provocación y su predicamento del rechazo de las leyes que emanan de los parlamentos democráticos». Enumeraba el diputado en el texto una serie de declaraciones del prelado que Hurtado considera «vergonzantes, provocadoras y que pueden incitar al odio a través del discurso». Exponía que «la mayoría de estos delitos de odio por orientación e identidad sexual no se denuncian por parte de las víctimas por miedo, vergüenza o por falta de confianza en las actuaciones policiales y en las resoluciones judiciales». Al final de su misiva, el diputado socialista insistía en que «la labor del Ministerio Fiscal es velar por que la función jusrisdiccional se ejerza eficazmente, conforme a las leyes, tomando las actuaciones pertinentes y en su caso, ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas», por lo que insta al fiscal de Córdoba a «actuar por si considera estas manifestaciones un discurso del odio».