Estos son los cuatro cambios en la PAC que podrían acabar con la agricultura en Córdoba

Faltan aún dos años para su puesta en marcha, pero ya empiezan a saberse algunas líneas generales de lo que será la nueva Política Agraria Común (PAC) y lo que se ha conocido no ha gustado nada en absoluto a los agricultores y ganaderos cordobeses. En junio, una delegación de Asaja estuvo en Bruselas donde mantuvo distintas reuniones con responsables comunitarios. El presidente provincial de la patronal agraria, Ignacio Fernández de Mesa, que estuvo allí esos días, indicó a ABC que esos encuentros sirvieron para tomar nota de las intenciones de la Unión Europea (UE) en relación a las ayudas al campo en el periodo comprendido entre 2019 y 2023.

«Estamos muy preocupados, porque si se cumplen las intenciones de la Comisión Europea (CE) en torno a la futura PAC podremos estar asistiendo en unos años al final de la agricultura en nuestro continente», según alertó este dirigente.

En su opinión, las medidas previstas por las autoridades comunitarias para reformar el marco general de la gestión en el mundo agrario, un aspecto que supone en torno al 38 por ciento del presupuesto anual de la UE, son «una barbaridad» al temer una posible reducción de ayudas para el campo. Hay que recordar que la Junta de Andalucía calculó que la actual PAC, vigente desde 2015, acarrearía una caída de las subvenciones a los agricultores y ganaderos de la provincia de hasta 110 millones de euros.

Fernández de Mesa detalló los cuatro puntos en los que Bruselas quiere actuar en relación a este asunto, que son los siguientes:

1. Cofinanciación. Se trata de establecer la cofinanciación en la concesión de las ayudas de modo que la carga económica se distribuya a partes iguales entre la CE y los países miembros, de modo que Europa no sea la única que haga frente a este gasto como ocurre hasta ahora. «Nosotros pensamos que esto es un disparate porque supondría la desaparición de la unidad de mercado», resaltó el máximo responsable de Asaja.

2. Contratos con productores. Una segunda medida contemplada por los responsables comunitarios es firmar contratos con los productores para que éstos proporcionen bienes y servicios públicos que favorezcan el cuidado del medio ambiente.

3. Derechos históricos. A todo lo anterior se suma la intención de Bruselas de acabar con los derechos históricos que recoge la actual PAC, una posición fruto de la presión de los países del Este, que aducen estar en desventaja con las naciones con más antigüedad en la Unión Europea, según explicó Fernández de Mesa.

4. Cambiar el pago directo. La última de las medidas previstas en los informes preliminares de la nueva política agraria es la reformulación del pago directo de las subvenciones a los agricultores, para lo que sus autores aducen la necesidad de mejorar la uniformidad de la renta de los productores europeos. «Creemos que eso supondría la pérdida de fondos para países como España, Francia o Alemania», señaló el presidente de Asaja Córdoba. El Comité Europeo de las Regiones ha hecho algunas aportaciones a estas medidas, entre las que se encuentra que la cuantía de las ayudas dependa, en una parte de ellas, del empleo generado en las explotaciones.