TRIBUNALES
Así eran los fraudes en los cursos de formación gestionados en Córdoba que acaban ante el juez
Hubo casos en los que se repercutió las cuotas de la Seguridad Social de un monitor que era autónomo
Los ocho empresarios cordobeses acusados de fraude en el caso de los cursos de formación que salió a la luz en 2014 y que afectó a toda Andalucía utilizaron, según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, todo tipo de artimañas para apropiarse de un dinero público y enriquecerse de forma ilícita, tales como cobrar por profesores inexistentes , presentación de supuestos gastos de material que no se realizaron o facturas ficticias a su propio nombre. No en balde, los cargos que se imputan son falsedad documental y, en algunos casos, fraude de subvenciones.
En primer lugar, todos ellos se acogieron a la Orden de la Consejería de Empleo de la Junta del 23 de octubre de 2009, que regulaba la ordención de la Formación Profesional para el Empleo de Andalucía y establecía las bases reguladoras para la concesion de subvenciones entre 2010 y 2011 para estos cursos. Buena parte de las materias estaban relacionadas con las nuevas tecnologías.
Uno de los fraudes más repetidos entre los empresarios que recibieron subvenciones detectados por la Fiscalía era el que se le imputa al acusado E.S.C., uno de los beneficiarios de un curso de formación de chapista/pintor de vehículos, es que él mismo se incluyó como docente pese a no haber tenido ninguna participación, ya que ningún alumno le pudo identificar como tal. Ni tampoco como tutor o evaluador, para lo que se hizo pasar como tal a fin de cobrar otras dos facturas. En su caso, además, hubo alumnos que firmaron recibos de entrega de material que no recibieron pero por el que llegó a recibir más de 144.000 euros.
La picaresca fue también llamativa a la hora de justificar las subvenciones para la compra de material con el que impartir los cursos. Una de las empresas implicadas en el presunto fraude tenía al acusado R.R.M., como beneficiario de una subvención de 65.960 euros del curso de programador de aplicaciones informáticas . Se simuló la firma del recibo de material didáctico, que parecía ser una práctica habitual en estos centros improvisados.
Documentación fuera de plazo
En caso del cuarto acusado, M.A.F.D., autónomo, recibió 200.445 euros para realizar dos cursos de formación de cocina y camarero cuando ni siquiera estaba dado de alta en la Seguridad Social . Según la investigación, lo hizo seis meses más tarde del comienzo del curso. Además, cuatro estudiantes carecían de la titulación mínima para acceder al curso, uno de los alumnos había sido «recomendado» por el técnico asignado al curso, otros fueron admitidos pese a entregar la documentación fuera de plazo y las irregularidades en facturación fueron cuantiosas.
La investigación ha detectado la facturación de artículos que no se habían adquirido en la realidad, como la compra de 15 ordenadores de otro curso que se había llevado a cabo antes y en otra ciudad. Además, se presentaron como gasto facturas de entidades colaboradoras con las que no se habían firmado convenios (10.000 en 2010 y 30.000 en 2011), no se declaraban al fisco determinados servicios sí prestados o se llegaron a repercutir las cuotas de la Seguridad Social de un monitor cuando éste era autónomo .
Otro de los casos remarcado por la Fiscalía es el del acusado A.G.M., que obtiene una subvención de 35.831 euros cuando mantenía deudas con la Seguridad Social . La empresa se encontraba en situación crítica pese a lo que recibió la ayida de la Junta. El caso derivó en una deuda incobrable . La investigación ha constatado que este empresario llegó a fasificar la firma de una supuesta docente que nunca trabajó en el curso.
Otra de las grandes subvenciones que asciende a 105.750 euros fue para un curso de peluquería pese a que la empresaria mantenía una deuda con la Seguridad Social. Ésta además de no comunicar que contaba con una empresa vinculante, emite facturas en concepto de tutorías a favor de la empresaria sin que nunca hubieran hecho uso de ellas los alumnos, al tiempo que aparece un «pago en mano», incumpliendo la normativa. En otro de los casos, el empresario acusado recibió unos 50.050 euros para un curso de informática, sin tener conocimientos para ello . Según la Fiscalía, los alumnos se quejaban de que el supuesto docente no sabía manjer programas básicos . El empresario hizo constar como empleada a su pareja , sin cualificación ni tarea alguna, por lo que cobró 4.431,50 euros.
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