Un desahucio y una querella del Ayuntamiento

¿Desahucio sí o no? Esta disyuntiva se plantea en Bujalance para decidir si Sara Olaya, de 24 años, su pareja, Luis León Muñoz, y la hija de ambos de 20 meses deben salir de una vivienda municipal -que sirvió para acoger a maestros de la zona- situada en la pedanía local de Morente yque ocuparon ilegalmente tras quedarse en la calle.

Llegaron de trabajar en la campaña de la uva y se vieron en la calle. Fue en verano, «después de una discusión con mis suegros, que nos obligó a vivir en la calle". Durmieron cada día en un sitio diferente, «gracias a la ayuda de primas y amigos». Hasta que, con la llegada de las primeras lluvias otoñales, «no pudimos más y nos metimos en la casa».

No tienen recursos económicos. Ella no trabaja de manera regular. Él ha estado unos días en las aceitunas. Con esta situación, y como primera medida, el día 3 de noviembre se celebró un pleno en el Ayuntamiento bujalanceño que abordó este tema.

Lanzamiento inminente

Con los votos a favor de PP y Por Bujalance, la abstención de PSOE y el voto en contra de IU, aprobó el desalojo de la vivienda, «concediéndole un plazo de tres meses para abandonar la casa». El plazo expiró el pasado día 3 febrero, pero la familia, continúa en la vivienda. El lanzamiento puede producirse en breve.

Por eso, se dirigió a Francisco Yebras, coordinador de IULV-CA en Bujalance, al que solicitó ayuda. Días después, «tras debatir el tema en el partido», apuntó Yebras a ABC, y contando con el apoyo también de Podemos y PSOE de Bujalance, «hemos presentado una moción, exigiendo la paralización del desahucio y que se permita a la familia vivir en la casa municipal hasta que el Ayuntamiento regule su uso».

La polémica da un giro más de tuerca. Sara Olaya, asegura que «la asistencia social del Ayuntamiento me sugirió que denunciara a Luis, para que así me dieran una casa como víctima de violencia de género». Pero «eso es mentira, nunca he recibido malos tratos de mi pareja».

Denuncia del Ayuntamiento

Declaraciones éstas que han tenido respuesta contundente por parte de Elena Alba (PP), alcaldesa de Bujalance, quien presentará hoy «una querella criminal en el juzgado de Montoro» para «negar rotundamente que esta afirmación haya salido del Ayuntamiento».

La regidora bujalanceña apuntó que la polémica «es una maniobra política del coordinador de IULV-CA en Bujalance». Lamentó que «está jugando y utilizando a las personas para obtener rendimientos políticos».

Alba explicó que «a la familia nunca se le ha dicho que se le vaya a echar a la calle sin más y sin ayudas». Así, transcurrido el plazo de tres meses, «le hemos ofrecido la posibilidad de una vivienda en alquiler, asumiendo el Ayuntamiento, a través del Área de Servicios Sociales, el pago de los tres primeros meses».

Además, «se han puesto a su disposición todas las ayudas de las que dispone este Ayuntamiento», y explicó que «la vivienda ocupada será rehabilitada para dividirla en dos casas, que serán adjudicadas, en igualdad de trato, condiciones y derechos, y sin favoritismos, entre las personas incluidas en el registro de demandantes de vivienda».