El consejo de Rabanales 21 da luz verde al plan para salir del preconcurso de acreedores

El consejo de administración del parque tecnológico de Córdoba Rabanales 21 ha dado luz verde este viernes a un plan de viabilidad para retirar el preconcurso de acreedores presentado el 6 de febrero en el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba por sus problemas de solvencia. El plan ha recibido el apoyo de la mayoría de los socios con algunas reservas en alguno de los puntos tratados por parte de alguno de sus accionistas.

La sociedad emprenderá ahora una ampliación de capital por 2,5 millones de euros que se repartirán la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, Caixabank y la Universidad de Córdoba. La Diputación de Córdoba y CajaSur van a estudiarlo mientras que Prasa no acudirá.

Esta ampliación de capital, según fuentes de toda solvencia, servirá para cubrir una póliza de crédito de una entidad de crédito por el mismo valor (muy probablemente sea Caixabank aunque se va a negociar con el mercado) para hacer frente a vencimientos inmediatos con el Ministerio de Economía de 1,4 millones y otros acreedores.

El reembolso sería a tres años, tiempo en el que debe quedar suscrita y cuadrada la ampliación de capital en proporción a la participación de cada socio que concurre, y que a su vez tendrá que aprobar en su seno. Es el caso por ejemplo del Ayuntamiento de Córdoba, en el que hay dudas al respecto.

Dación en pago

La próxima semana se le comunicará al Juzgado de lo Mercantil de Córdoba que la sociedad Rabanales 21 retoma la actividad y deja atrás su segundo preconcurso de acreedores. La fecha tope es el 9 de junio.

Antes, el día 7 de junio (miércoles), y gracias al visto bueno mayoritario en el consejo de este viernes, la Junta General de Accionistas tendrá también que aprobar el plan de viabilidad, que contiene la dación en pago a la Junta de suelos del parque valorados en 4 millones para hacer frente al vencimiento de una deuda con la Administración autonómica de valor similiar. Luego volverá al consejo y de ahí al Juzgado.

Este débito de 4 millones forma parte del pasivo total valorado en más de 11 millones de euros que se tiene contraído con la Junta de Andalucía. Este aspecto ha suscitado dudas entre algunos de los consejeros presentes por su viabilidad legal, que parece despejada, según informes jurídicos que se han esgrimido desde la secretaría del consejo que ostenta un prestigioso bufete de abogados, aunque hay otras interpretaciones contrarias.

Además, se quiere inyectar un paquete de medidas comerciales para activar la venta de parcelas. Aunque está supeditado a la Gerencia de Urbanismo, se plantean parcelas con zonas más productivas, más pequeñas y un paquete de incentivos fiscales para atraer empresas.

Luego está también la escritura de compraventa de los suelos de Rabanales Plaza, la superficie comercial frenda ahora mismo en los trámites ambientales que le ha requerido la Junta de Andalucía. El desbloqueo de este proyecto comercial se podría producir en otoño.