CORRUPCIÓN
El caso Rocket de Peñarroya sufre, tras seis años de instrucción, otro parón a la espera de su séptimo juez
La macrocausa ha pasado ya por tres magistrados titulares y otros tantos sustitutos desde que se desató en 2013
La investigación judicial del caso Rocket , la trama de irregularidades en la gestión de Fondos Miner en Peñarroya-Pueblonuevo, de Córdoba, se vuelve a frenar en seco. Lo hace después de un sexenio de instrucción y de pasar por las manos de seis jueces (tres titulares y otros tantos sustitutos), que próximamente serán siete.
Porque el sillón del magistrado que se encarga de la causa , en el Juzgado de Instrucción 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, está desierto por tercera vez -su titular, Ramón Artacho acaba de lograr un traslado- desde que le colocaron las esposas a la exalcaldesa de Peñarroya María Luisa Ruiz (PSOE ) y saltó por los aires el «statu quo» de esta tranquila comarca minera del Guadiato en 2013. La causa quedó varada dos años con el baile de responsables en el Juzgado y ante la imposibilidad de digitalizar y facilitar el manejo de un expediente que sumaba más de 15.000 folios y 16 tomos.
No en vano, fueron necesarias más de cinco peticiones formales por dicho Juzgado y los sindicatos a la Consejería de Justicia , entonces dirigida por los socialistas , para que accediera a poner un refuerzo . Los problemas del Juzgado de Peñarroya 2 son endémicos: tiene el mismo personal de hace 50 años. «Los funcionarios cambian continuamente, es raro que uno siga más de un año o dos; es una localidad alejada de la capital [74 kilómetros] y poco atractiva para los funcionarios, menos aún cuando tienen que manejar una causa como Rocket», aseguran a ABC fuentes judiciales.
« Si la causa hubiera caído en un Juzgado de Instrucción de la capital con mucho más personal y especializado, sin tantos cambios de jueces y personal, la causa ya estaría enjuiciada », reconocen estas mismas fuentes.
Los dos últimos jueces titulares que han pasado por Peñarroya 2 en el último trienio han sido los que han cogido al toro por los cuernos . El último magistrado , que acaba de obtener un traslado y que sustituyó a la jueza Rocío Dama, en un mano a mano con el fiscal encargado del caso ha llegado con declaraciones periódicas y sin pausa prácticamente al final de la instrucción de este caso en el que se trata de averiguar la dimensión del fraude los fondos públicos Miner.
Cada vez que llega un nuevo juez tarda al menos un mes en poder leer la causa y «hacerse con el sumario». «Un magistrado sustituto, que llegue por un mes, como ha pasado en este proceso, no podrá ni mirar el asunto, porque se tendrá que encargar del día a día del juzgado», señalan estas mismas fuentes.
Hechos
La macrocausa emana de la operación Rocket , un fraude en los fondos Miner del Guadiato. Todo comenzó el 22 de octubre de 2013 cuando agentes de la Guardia Civil detuvieron a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo , Luisa Ruiz, a dos empresarios e imputaron a un total de once personas en el marco de la intervención policial, que atacó una trama con un modus operandi similar que operaba a través de varias empresas en connivencia con la cúpula del Ayuntamiento de Peñarroya para obtener beneficios de forma fraudulenta.
Fraude de 12,5 millones
Lo que hay detrás son presuntas irregularidades en la gestión de proyectos cuya subvención suma 12,5 millone s de euros, cuando Ruiz era la primera edil . Está bajo examen judicial, por tanto, casi la mitad de los fondos Miner recibidos por la localidad desde 2005, que a su vez logró el 40% del dinero destinado a la reactivación de municipios mineros sin actividad.
La exalcaldesa quedó en libertad con cargos por delitos de faude, falsedad y contra la Administración
Investigados
De los 11 investigados -incluidos los dos empresarios detenidos además de la propia exalcaldesa de Peñarroya- en un primer momento por la Guardia Civil el panorama ha ido cambiando a lo largo de la instrucción, después de que declararan empresarios, proveedores, testigos, peritos, y los propios investigados - ahora, son en torno a una docena -.
El TSJA informó horas después de la detención de Ruiz de que estaba imputada por supuestos delitos contra la Administración Pública, fraude y falsedad documental , al igual que los dos empresarios arrestados. Fuentes del alto tribunal explicaron a la prensa que, tras tomarle declaración, la autoridad judicial optó por poner en libertad a Ruiz, a la que no impuso fianza alguna ni medidas cautelares. Los otros dos arrestados -el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril y el consejero delegado de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos- también quedaron en libertad con las mismas imputaciones . Ambos tenían que comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado como medida cautelar.
La investigación arrancó ante la sospecha de irregularidades en la concesión de ayudas a los proyectos del Tren Turístico del Guadiato y del Museo del Ferrocarril .
Concretar acusaciones
El último escollo que tiene que afrontar el nuevo juez junto a la Fiscalía de Córdoba es lograr estrechar el cerco y realizar la foto fija de la trama de corrupción con toda la documental y testifical sobre la mesa. Falta determinar cuáles son los responsables en esta historia de corrupción y cuáles quedan fuera por no sostenerse sus imputaciones antes de arrancar con la apertura de juicio.
La macrocausa que emana de la operación Rocket se enjuiciará en la Audiencia Provincial de Córdoba
El estado de la macrocausa según han informado esta semana a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ( TSJA ), es que «sigue en Instrucción y pendiente de la práctica de algunas diligencias de prueba . No se ha dictado aún auto de Procedimiento abreviado».
Por su parte, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han señalado que el plazo para que un nuevo juez se haga cargo del juzgado será de unos seis meses , una vez se resuelvan los concursos de traslados. Hay que recordar que a finales de 2017 , la Fiscalía solicitó una prórroga de otro año y medio antes de que concluyera el plazo de 18 meses dado tras declararse «causa compleja» en 2016. A finales de año expira la segunda prórroga y la Fiscalía ya estudia solicitar un nuevo plazo a la vista de la situación , sin juez a la vista y seis meses para que se resuelva el concurso de traslados.
La Fiscalía tendrá que solicitar la ampliación por «causa compleja» [año y medio], ya que se cumple el último plazo
Según han informado fuentes judiciales del caso, « l a investigación de la causa estaba en su recta final , una vez ya se habían realizado la toma de declaración y los peritajes».
La trama
Los primeros indicios mostraban una gestión presuntamente irregular de las cantidades millonarias públicas percibidas por el Ayuntamiento de Peñarroya (12,5 millones) para disponer de alternativas a la minería entre 2007 y 2011 , cuando Luisa Ruiz, del PSOE, era la alcaldesa del municipio.
Las conclusiones del demoledor informe de la Guardia Civil venían a decir que «un número de empresas estaban supuestamente concertadas o en connivencia con el Ayuntamiento y la sociedad municipal Promociones Industriales Valle Alto Guadiato con la finalidad de beneficiarse económicamente de forma fraudulenta ».
Fuentes judiciales a lo largo de la instrucción han constatado este extremo: «Hay dinero que ha desaparecido o su destino no está claro» . La Fiscalía constata que «va para adelante» por lo que el asunto «no se va a archivar» y la mayoría de las imputaciones, incluida la de la exalcaldesa del Ayuntamiento de Peñarroya seguirán su curso hasta sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Córdoba. Un macrojuicio en el que la solicitud de atenuantes por dilaciones indebidas tendrá un papel fundamental en las defensas tras una instrucción que va a cumplir ya seis años.
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