Obras en la plaza del Cristo de Gracia en 2015
Obras en la plaza del Cristo de Gracia en 2015 - Valerio Merino
Política

La Asesoría Jurídica devuelve por dos veces la nueva ordenanza de licencias de Córdoba

Los abogados municipales califican el texto de poco ambicioso y solicitan una nueva redacción

CórdobaActualizado:

La Asesoría Jurídica Municipal ha tumbado, y por dos veces, la propuesta estrella de la Gerencia de Urbanismo de cara al gran problema que padece el Ayuntamiento cuando entra a relacionarse con la economía privada. Los abogados municipales han pedido al organismo autónomo que dirige Pedro García que proceda a la reescritura del proyecto de ordenanza para agilización de licencias que oficialmente lleva el barroco nombre de «ordenanza reguladora del régimen de obras y actividadse mediante licencia, declaración responsable y comunicación previa». Hasta el momento, todas las versiones municipales aseguraban que el texto iba viento y popa, a toda vela. La realidad no es esa.

La Asesoría Jurídica, que dirige Mercedes Mayo, rechazó el documento en primer lugar el 14 de noviembre de 2018. El documento es bastante corto porque se limita a pedir que, si se está tramitando una ordenanza, se trata de un procedimiento que tiene sus reglas. En concreto, precisa de una memoria justificativa relacionada con la razón por la que se pone en marcha así como un articulado precedido de un preámbulo que, como ocurre con el caso de las leyes, sirva de texto marco de lo que se quiere hacer con esa normativa. Nada de eso aparacía en el primer documento que llegó de Urbanismo, que era una sucesión de artículos pelados y mondados. El departamento legal del Ayuntamiento, cuya opinión es trascendental en estos asuntos y es obligatoria por reglamento general, optó por devolver el expediente completo y pedir que se le volviese a mandar cuando se hiciera un trabajo más completo.

El pasado cuatro de marzo se produjo el segundo informe que, si bien no establece advertencias de legalidad sobre el proyecto de ordenanza, le da un repaso de campeonato al texto realizado por la Gerencia con apoyo externo. Y el dictamen de los abogados del Ayuntamiento no anda con paños calientes. Pide a Urbanismo que vuelva a redactar casi por completo el documento de la ordenanza al considerar que presenta «una deficiente técnica normativa» que impide su puesta en marcha.

En este caso, Urbanismo ha puesto a trabajar a personal de varios servicios en esta materia. El problema, afirma Asesoría Jurídica, radica en que una cosa es lo que dice querer la Gerencia y otra distinta lo que ha puesto. De hecho, asegura directamente que le da la razón a las críticas alegaciones presentadas por la patronal de la construcción, Constructor, que lleva semanas advirtiendo que el trabajo realizado no era ni muchos menos óptimo. La Asesoría Jurídica, por ejemplo, se sorprende de que se asegure que se haya tomado como modelo la ordenanza reguladora aprobada en Sevilla. Afirma que ese es el camino a seguir «si realmente se hubiese estudiando la misma».

Urbanismo inició este trabajo con un dictamen del catedrático de Derecho Administrativo de la UCO, Manuel Rebollo, parte de cuyas consideraciones fueron introducidas en el proyecto. El problema es que ese documento quedó ampliamente superado por el debate iniciado en Urbanismo. La Asesoría Jurídica afirma que el texto final no viene a responder al objetivo ambicioso de introducir mecanismos de flexibilidad que permitan a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, disponer de un ámbito libertad de implantación que favorezca la apertura y ampliación de negocios privados.

Uno de los problemas sustanciales de la ordenanza, dicen los letrados municipales, es que no hay quien la entienda: «La excesiva extensión de algunos artículos dificulta su comprensión a la ciudadanía a quien, sustancialmente, debe ir dirigida la ordenanza». El problema es que ha salido un texto farragoso, lleno de meras reproducciones de textos legales vigentes y que incumplen las cinco directrices aprobadas por el Gobierno para la redacción de normativas comprensibles para los ciudadanos que no son catedráticos ni doctores en Derecho.