UGT Andalucía se autoalquilaba sedes para los cursos de formación

La confección de facturas falsas, la creación de «botes» o el cobro de comisiones a proveedores de confianza contratados con fondos públicos pueden ser sólo la punta del iceberg de un «importante fraude» de dimensiones desconocidas que habría cometido la federación andaluza de UGT entre 2005 y 2013.

El análisis de varios discos duros y de correos electrónicos comprometedores que prueban la doble contabilidad del sindicato ha llevado al juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, a abrir una nueva línea de investigación al descubrir el autoalquiler de aulas formativas a un entramado de sociedades administradas por el propio sindicato.

Una compleja operación de ingeniería financiera que servía al sindicato hermano del PSOE para justificar irregularmente ante la Junta de Andalucía subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo.

En un atestado de 341 páginas incorporado al sumario, al que ha tenido acceso ABC, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se refiere a este procedimiento como un «artificio financiero». El sindicato se valía de dos entidades de su propiedad: Soralpe I Más P Asociados SL y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES). «UGT-A cedía sus instalaciones a la mercantil Soralpe para que ésta, a su vez, facturase al IFES por el uso de dichas instalaciones, con ocasión de diferentes acciones formativas», señala el informe.

Mediante este trampantojo, «se estaban justificando gastos ante la entidad concedente de las subvenciones que en sí no lo eran». El gasto de alquiler sería «mínimo», ironizan los investigadores.

La dimensión de este agujero económico es lo que pretenden averiguar ahora, aunque avanza que habría generado «cuantiosos ingresos». Para desenredar este ovillo, el juez ha pedido a la UGT-A su contrato con Soralpe para que esta sociedad gestionase sus locales y sedes. «Podría resultar de gran importancia para la investigación, pues revelaría un importante fraude en la justificación de todas las acciones formativas impartidas en las sedes de UGT-A cuando el usufructo de éstas esté cedido a Soralpe», se justifica la UCO en el informe entregado al juez el 20 de enero pasado.