Un juez ordena la exhumación de Ruiz Mateos para someterlo a una prueba de paternidad

Cuando el juez impidió la incineración del empresario José María Ruiz-Mateos tras su muerte en septiembre de 2015, el argumento que se explicó es que había una demanda de paternidad pendiente de solucionar. Dos años después, el juez Juan Ignacio Gonzalo, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozuelo de Alarcón, ha dado orden de exhumar los restos mortales con el fin de cotejar su ADN con el de quien dice ser hija suya, Adela Montes de Oca, en un fallo que tanto la viuda como los doce hijos del empresario jerezano (la mayor falleció el pasado enero) han recibido con gran malestar.

Hay que remontarse al año 2004, cuando, tras la demanda de paternidad presentada por Montes de Oca, el mismo juez pidió a Ruiz-Mateos esa prueba de ADN que nunca llegó a realizarse sin que recurriera ese auto, ya que simplemente no se personó en las fechas señaladas.

Hasta en tres ocasiones fue citado el demandado para que se personara en el Instituto Toxicológico a fin de obtener una muestra de su ADN, pero nunca apareció. Tampoco dio explicación alguna sobre esas ausencias sin justificar. Pasado el tiempo y debido a sus problemas de salud, el abogado del que fuera uno de los empresarios más afamados del país pidió el sobreseimiento de la causa, alegando que su delicado estado de salud le impedía ir al juicio. De ahí que al poco tiempo falleciera y el juez impidiera la incineración que habría imposibilitado obtener su ADN, como ahora ha dictado en un auto el magistrado que considera que había pruebas suficientes de una relación entre Patricia Montes de Oca, madre de la demandante, y el empresario.

El malestar de la familia Ruiz-Mateos es generalizado al no entender que se haya fallado el levantamiento del cadáver en lo que consideran unas «medidas desproporcionadas e ilegítimas». Se basan en que si Ruiz-Mateos no quiso someterse a esa prueba en vida como ya dejó claro con sus ausencias, «no puede procederse ahora sin el consentimiento de la viuda y los hijos» a ese test que tiene un 99 por ciento de fiabilidad. Sin embargo, el magistrado en su auto señala que «no puede afirmarse con seguridad si José María Ruiz-Mateos deseaba o no someterse a la prueba de paternidad, pues no se le efectuó por el juzgado un requerimiento formal y personal para que se expusiera su voluntad sobre este extremo». Además, marca una diferencia entre el derecho que habría tenido el fallecido al que tienen su viuda e hijos.

Un procedimiento innecsario

Para el juez, hay base suficiente a raíz de todos los documentos que tiene y que explicarían la relación entre la demandante y el demandado. De ahí que defienda como necesaria la exhumación del cadáver porque frente a la intimidad familiar de la viuda y los hijos del fallecido, está el derecho de la demandante a utilizar los medios de prueba suficientes para garantizar una tutela judicial efectiva, especialmente en un caso de tal relevancia. Si en algún momento Ruiz-Mateos pensó que con su muerte se ponía fin a un proceso que quiso evitar en vida, se equivocaba de pleno. Hoy el magistrado hará efectiva la orden que dictó años atrás y que su familia no acaba de digerir y eso que el juez ha asegurado que la prueba se hará garantizando la «integridad, respeto y memoria» del fallecido, para lo que ha avisado a su familia por si quiere asistir al acto.