El edil de Economía admite que grabó al Consejo de Calle 30 y multa a las constructoras

El edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, admitió ayer que grabó el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 sin autorización expresa de sus miembros, bajo el pretexto de «formalizar las actas». Aunque considera que el procedimiento es «lógico y evidente» en una empresa pública y que todos los consejeros debían de presuponer que iban a ser grabados, estos insisten en que ninguno conocía o intuía esta situación. Mientras que el PP y Ciudadanos aventuraron que si se confirma la ilegalidad denunciarán el caso, el Ayuntamiento adelantó que ha abierto seis expedientes sancionadores a Emesa, el socio privado dentro de esta empresa.

Sánchez Mato, que no detalló cómo se graban las reuniones del Consejo, negó que emplee micrófonos ocultos; un extremo que los afectados ponen en duda por la ausencia de dispositivos y de avisos.

La explicación del edil de Economía es que utiliza este método de la misma forma que se hace en las comisiones municipales, que son grabadas y retransmitidas en directo (algo que no ocurre en las reuniones de los consejos de administración). «Lo que me sorprende es que sorprenda», declaró el concejal de Ahora Madrid antes de la sesión del ramo, con la consideración de que el órgano directivo de una empresa pública debe ser «transparente».

«No es una comisión»

Fuentes cercanas al Consejo aseguran que ninguno de los miembros que participaron en la reunión del pasado 11 de noviembre, ni tampoco los ausentes, sabían de la situación. Los representantes en el ente del PP y Ciudadanos, Álvaro González y Sergio Brabezo, respectivamente, han ido más allá y acusan a Sánchez Mato de «mentir descaradamente» en sus explicaciones. El edil popular sostiene que «un consejo de administración no tiene nada que ver con una comisión» y que «todos los presentes mostraron su indignación». Brabezo indicó a ABC que la postura del delegado es «intolerable y sin argumentos». «No es cierto que se presuponga», añadió.

Las palabras de los concejales secundaron a la posición oficial de ambos partidos, que adelantaron ayer que tomarán medidas procesales si se confirma la ilegalidad de las grabaciones. Tanto Esperanza Aguirre como Begoña Villacís elevaron varias preguntas a Sánchez Mato: dónde está el consentimiento de los consejeros; si estaban informados de los derechos con los que cuentan en este caso; las garantías de la custodia; quién tiene acceso a las grabaciones, y con qué fin. Aguirre adelantó que llevará el caso al Pleno de la próxima semana y Villacís aventuró que lo denunciará a la Agencia de Protección de Datos «si no se cumplen todas las formalidades».

Sánchez Mato tildó las acusaciones de «tonterías y sandeces» y aprovechó la ocasión para revelar que el Ayuntamiento ha abierto seis expedientes sancionadores a Emesa (compuesta por Ferrovial, Dragados y API Conservación) por seis incumplimientos de contrato. 24 horas después de que ABC publicara las grabaciones al consejo, el edil de Economía explicó que las constructoras podrían enfrentarse a multas de entre 50.000 y 750.000 euros por no abordar trabajos como la instalación de telecontrol del alumbrado, por el que Emesa recibió 2,7 millones de euros; la falta de mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles del bypass; o la instalación de la red wi-fi, entre otros. Ferrovial señaló que «no está de acuerdo» con estos expedientes y próximamente hará públicos sus argumentos.