Madrid

El edil de Economía de Carmena grabó con micros ocultos a políticos y constructores en el consejo de Calle 30

En la reunión con Carlos Sánchez Mato había representantes de PP y C's, de la constructora Ferrovial y de una filial de ACS

El edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, junto a la portavoz municipal, Rita Maestre, en una imagen de archivo
El edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, junto a la portavoz municipal, Rita Maestre, en una imagen de archivo - DE SAN BERNARDO

Los miembros del consejo de administración de Madrid Calle 30 se enteraron en su última reunión, hace poco más de una semana, que son grabados sin su consentimiento. Fue Carlos Sánchez Mato, edil de Economía y Hacienda y presidente del órgano directivo de la sociedad, quien se lo dijo a los consejeros cuando uno de ellos hizo algunas puntualizaciones sobre lo recogido en el acta de la sesión anterior. El rechazo de los presentes fue unánime, con la consideración generalizada de que es una «situación gravísima», donde el concejal actúa con «deslealtad».

Fuentes cercanas al consejo explicaron a ABC que tras el anuncio de estas grabaciones se elevó el tono del encuentro. Aseguran que ninguno sabía o podía intuir que las reuniones contaran con un registro de este tipo; no solo porque Sánchez Mato no lo indicara o hubiera solicitado permiso, sino porque la mesa en la que se reúnen no tiene micrófonos u otro dispositivo similar. El concejal de Economía, en efecto, informó de esta situación cuando el representante de uno de los grupos municipales destacó que lo dispuesto en el acta no era exactamente lo que él había declarado. Después de un intercambio sobre si era cierto o no, el edil de Ahora Madrid fue tajante: «Sí lo has dicho; lo sé porque te tengo grabado». El revuelo fue inmediato, aunque se intentó justificar bajo el pretexto de que es un procedimiento habitual para elaborar las actas.

Este periódico intentó este fin de semana contar con una explicación del Ayuntamiento, pero no obtuvo respuesta. La argumentación fue que Carlos Sánchez Mato estaba de viaje, si bien ayer se fotografió junto a la concejal Rommy Arce en una manifestación para el cierre del CIE de Aluche.

En esta reunión del consejo de administración de Madrid Calle 30, celebrada el viernes 11 de noviembre, estaban presentes los representantes de los grupos municipales de PP y Ciudadanos, Álvaro González y Sergio Brabezo, respectivamente; de la constructora Ferrovial y de Iridium, una empresa de promoción y financiación dentro del conglomerado que forma el grupo ACS. Aunque también se encuentra un concejal del PSOE, José Manuel Dávila, este no estuvo en la citada sesión. Madrid Calle 30 es una sociedad encargada de las obras y mejoras en la M-30 y en los espacios e infraestructuras relacionadas con esta vía de circunvalación. El consejo está formado por el presidente, un vicepresidente y un consejero apoderado; y nueve vocales, de los cuales seis proceden del Consistorio y seis de Emesa, el socio privado de Calle 30.

Así, entre los vocales designados por el Ayuntamiento de la capital, más allá de los ediles de la oposición, están los delegados de Medio Ambiente y Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, Inés Sabanés y José Manuel Calvo, y el coordinador general de planeamiento, Ezequiel Domínguez. Sabanés y Calvo tampoco estuvieron en la controvertida reunión. Además, el coordinador general de Medio Ambiente, José Antonio Díaz Lázaro, actúa como vicepresidente y Samuel Romero, ingeniero de Caminos y también nombrado por el Consistorio, como consejero apoderado. Los representantes de las constructoras son Ignacio Gastón, director general de Ferrovial en España; Salvador Urquia, director de infraestructuras de la misma entidad; y Antonio de la Llama, director de explotación de Iridium.

«Viola la intimidad»

Las mismas fuentes consultadas por este periódico coinciden en que estas grabaciones ocultas generan «inseguridad» en el seno interno de este órgano. «En cierta forma se ha violado la intimidad del consejo de Administración, si fuera algo habitual habría sido con nuestro consentimiento, pero nunca se nos ha dicho nada», relatan desde una de las partes afectadas. En otro de los frentes tildan la actuación de Sánchez Mato de «desleal» y van más allá: «Creemos que es bastante grave».

Esa «inseguridad» remite al desconocimiento sobre si existe un registro, quién custodia las grabaciones y cuál es el objetivo de chequear las declaraciones. No es la primera vez que Sánchez Mato se encuentra en esta situación. En octubre de 2015, cuando el Gobierno local no renovó su acuerdo con las agencias de calificación, porque no iba a emitir más deuda, se filtraron conversaciones telefónicas con Fitch y Standard&Poor’s. En las grabaciones, la imagen de las agencias quedó cuestionada por sus preguntas y advertencias.

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