Madrid

El Ayuntamiento expedienta a su socio privado de Calle 30 tras el escándalo de las grabaciones

El consejo de administración de Madrid Calle 30 aprueba abrir un expediente a EMESA al detectarse que no había cumplido con sus obligaciones en materia de conservación de las instalaciones de la M-30

Carlos Sánchez Mato, en la reciente protestas por el desalojo del Patio Maravillas
Carlos Sánchez Mato, en la reciente protestas por el desalojo del Patio Maravillas - ISABEL PERMUY
Efe Madrid - Actualizado: Guardado en:

El Consejo de Administración de Madrid Calle 30, participada por el Ayuntamiento en un 80% y por el socio privado EMESA en un 20%, ha aprobado la apertura de expedientes contra EMESA por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales que han tenido supuesto un gasto de 22 millones de euros a las arcas públicas.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha ofrecido esta información a los periodistas el mismo día en que «casualmente» ABC publica que se grabaron reuniones del consejo de administración, algo que a juicio del delegado es «legal», «normal» y necesario para poder tomar actas.

El consejo de administración aprobó, con los votos en contra de los representantes de la parte privada y la abstención de Ciudadanos y el PP, abrir un expediente a EMESA al detectarse que no había cumplido con sus obligaciones en materia de conservación de las instalaciones de la M-30.

En total se han abierto seis expedientes porque, entre otros incumplimientos, no se instalaron elementos para el control del alumbrado en la M-30, no se llevó a cabo el mantenimiento en los túneles, y hay deficiencias en el mantenimiento del sistema contra incendios de los cuartos técnicos del bypass.

Otro incumplimiento está relacionado con que no se estableció una red de mejora del sistema de comunicación para el tráfico de datos críticos; y, por último, otro por no montar la red WIFI en la totalidad de Calle 30 con soporte de telefonía móvil propi, tal y como estaba contratado.

Según precisa el Ayuntamiento en una nota de prensa, estas obligaciones contractuales estaban incluidas en el contrato suscrito entre ambas partes en 2005 y modificado en 2007.

Con la apertura de estos expedientes, Madrid Calle 30 solicitará a la empresa que acometa las inversiones pendientes, y las infracciones podrían derivar en sanciones económicas que oscilan entre los 50.000 y los 750.000 euros.

Además, en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 se ha informado de la apertura de una investigación sobre las deficiencias que plantea el actual centro de control ya que «todo indica que no todas las características contempladas en dicho proyecto fueron instaladas».

El delegado de Economía y Hacienda ha considerado que tanto el PP como Ciudadanos tendrán que explicar «por qué se abstienen a la petición de que se cumpla el contrato», cuando lo que a su juicio lo que se debe hacer desde las administraciones es reclamar las cosas que «claramente no están».

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, EMESA, que cuenta con el 20% restante y que está formada por Ferrovial Servicios, Dragados y API Conservación.

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