Datos: Iside Airbnb. Gráfico: Luis Cano

Madrid prepara un cerco legal para evitar la invasión de los «pisos turísticos»

Plataformas como Airbnb o Homeaway crecen exponencialmente en el centro de la capital ante el malestar de los empresarios hoteleros, que piden competir con las mismas reglas

Actualizado:

Hace justo una semana Airbnb presumió de músculo al revelar que en 2016 generó una actividad económica de 447 millones de euros en la capital. Ayer, Ayuntamiento y Comunidad anunciaron que iban a poner coto a su negocio: el alquiler de viviendas para uso turístico, como ya ocurre en otras grandes capitales mundiales. Es innegable que estas plataformas, surgidas de la mano de la tecnología, ganan peso con el paso de los años y actualmente el volumen de su oferta ya se acerca a la de los hoteles convencionales. Sin embargo, mientras los propietarios de estos últimos tienen que responder ante multitud de requisitos legales para desarrollar su actividad, el marco normativo es mucho más laxo para los particulares que ofrecen su vivienda, alguna de sus habitaciones o incluso el sofá, a turistas a los que cobran por ello.

«En la capital hay 19.247 anuncios —la mayoría en el distrito Centro— que se traducen en 73.331 camas», indica Óscar Perelli, director del área de Estudios de la asociación Exceltur, después de analizar los reclamos de las ocho plataformas principales de este negocio. Sin embargo, el experto matiza que estos datos contienen un pequeño error: puede que «algunos anuncios se repitan». Como asegura Perelli, «las plataformas no quieren colaborar» a la hora de facilitar datos, pero es innegable el aumento exponencial de la oferta de este tipo de alojamiento en Madrid en los últimos ejercicios. Las más de 70.000 camas que ofertan a día de hoy contrastan con las 40.000 camas que anunciaban estos portales en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2015. En ambos casos, la propuesta del resto de establecimientos hoteleros clásicos se cifró en 92.955 en la capital.

Para regularizar la situación, el Ayuntamiento apuesta por establecer límites en el número de días que se pueden ofertar estos alojamientos de uso turístico para evitar, como expuso el edil de Urbanismo, José Manuel Calvo, «que se monten hoteles encubiertos». Según recogió EP, el Consistorio aún está elaborando un informe específico tras el que se determinará si el tope de días se cifra en 60, 120 o las jornadas que se estimen oportunas. «En Ámsterdam, si alquilas tu casa más de 45 días, consideran que no es tu vivienda, sino que es una que utilizas para alquilarla y conseguir un rendimiento económico. En París ocurre lo mismo pero la barrera está en 60 jornadas», ejemplifica Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Tasa turística

El Ayuntamiento también es partidario de establecer un impuesto, que redundaría en las arcas municipales, a la hora de crear las normas para este tipo de alojamientos. Esta decisión, sin embargo, no la comparten ni los hoteleros ni el Ejecutivo regional «El problema no se va a zanjar con impuestos», vaticina Estalella, quien insiste en que el alquiler de una vivienda o alguna de sus estancias por parte de un particular para uso turístico debería estar considerado como «una actividad económica» igual que en el caso de los hoteles.

La Comunidad de Madrid, por su parte, también está trabajando para regular las viviendas turísticas de la región. Pero, según explicó el portavoz del Gobierno autonómico, Ángel Garrido, la ley «no será prohibicionista», ni tampoco incluirá ningún tipo de tasa para estas viviendas, dado que el Gobierno regional no es partidario de gravar la actividad turística. Es la Oficina de Cultura y Turismo la que se ocupa de redactar la norma, de la que ya se han elaborado varios borradores, descartados finalmente por los servicios jurídicos. Es, explica Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, un asunto de muy complicada regulación por tratarse de una actividad privada que hay que armonizar con la convivencia vecinal. Hasta ahora, recuerda, las regulaciones que han realizado las diferentes comunidades autónomas han ido cayendo en los tribunales.

La ley que prepara el Gobierno regional no va «ni a demonizar ni a prohibir»; su idea es hacer «una ordenación» de la actividad de las viviendas de uso turístico, intentando evitar los fraudes de ley y abusos. Recuerda que cuestiones como la seguridad en estos lugares, o la fiscalidad de sus propietarios exceden la competencia autonómica y entran de lleno en la nacional, mientras que los asuntos de convivencia vecinal entran en el ámbito de los ayuntamientos. Trabajan con empeño para cumplir cuanto antes este compromiso de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y proponen que «sería bueno que el Estado fijara un marco global».