CONFLICTO EN LA JUSTICIA
Comisiones y CSIF agrandan la fractura sindical en una huelga que se desinfla
Reniegan de los restos del comité para retomar el diálogo por separado
Ya lo dijo Alfonso Rueda el pasado jueves: el comité de huelga de Justicia ya «no existe» como tal . De aquel heterogéneo grupo formado por siete sindicatos, unos más proclives al pacto y otros empeñados en nutrir la confrontación, solo quedan los restos, las descalificaciones y un par de salidas abruptas ratificadas en las últimas horas. Comisiones Obreras y CSIF, dos de las organizaciones que habían esbozado con la Xunta un principio de acuerdo, reniegan de la comunión con sus excompañeros y defenderán sus intereses, y los de los funcionarios, por su cuenta. Mientras, los paros decaen, y el seguimiento ya se instala alrededor del 15% .
La decisión de CC.OO estaba sentenciada desde hace dos días, cuando sus afiliados dijeron basta, rompieron amarras con el comité y apostaron por reincorporarse al trabajo. Aquella votación, casi unánime, se confirmó este viernes con la comparecencia del líder del sindicato en Galicia, Ramón Sarmiento, flanqueado por el resto de responsables sectoriales. Comisiones, ahora libre de compromisos con los demás miembros, llama a «recomponer la unidad», pero la de los trabajadores, y siempre a partir de «la vuelta al trabajo diario».
Así, cauterizando día a día las heridas abiertas entre funcionarios, es como creen que se pondrá fin a un conflicto que consideran abierto, pero que en todo caso trasladarán a una mesa de negociación y no a más jornadas de huelga . El balance de la protesta, sin embargo, les produce satisfacción. Gracias a ella se consiguió que «el Gobierno gallego variase su posición inicial» y que incluyese «mejoras laborales» en el preacuerdo sellado el 26 de abril. El mismo que los funcionarios rechazaron en unas jornadas de votación marcadas por las coacciones de los sindicatos radicales.
Algunos de aquellos episodios siguen supurando para algunas de las organizaciones que apoyaron la validación del preacuerdo. CSIF es una de ellas. Este viernes, mediante un comunicado, dieron «por rota la unidad sindical» e informaron de un cambio en su rumbo: a partir de ahora el sindicato adoptará «la posición que considere oportuna en defensa exclusivamente de los intereses legítimos de los funcionarios», manteniendo reuniones «bilaterales y multilaterales» con agentes y la administración, y sin contar necesariamente con el aval del resto de fuerzas sindicales.
Contra ellos dirige varios dardos. Primero exige a los sindicatos que se opusieron al preacuerdo (CIG, CUT y STAJ) una «rectificación pública» tanto por las «acusaciones vertidas en los últimos días» como por los incidentes registrados durante las asambleas . Y en segundo lugar, lamenta que ese frente sindical, al que se incorporó un «impredecible USO» , no haya formulado «ninguna propuesta seria», más allá de ofrecer interrumpir la huelga si la Xunta los convoca de nuevo a negociar.
Promesas imposibles
Pero la llamada a una nueva reunión no parece cercana, en vista de las palabras vertidas por el vicepresidente. En una entrevista en los micrófonos de la Radio Galega, Rueda instó a la parte activa del comité a que «reconozcan» las promesas imposibles lanzadas en los últimos días, como la recuperación total del dinero perdido por la huelga . «Algunos sindicatos les estuvieron diciendo a los funcionarios que esto les iba a salir, para entendernos, gratis. Quien hizo huelga, que es un derecho constitucional, tiene que tener unas consecuencias», razonó el titular de Xustiza.
Lo mismo para la cláusula de revisión: los huelguistas piden al Gobierno que se blinde a los funcionarios gallegos como los cuarto mejor pagados de España y la Xunta responde que, en virtud del acuerdo parlamentario suscrito por todos los partidos, solo asegurará su posición de la mitad de la tabla hacia arriba. Por si acaso, el director xeral de Xustiza del Ejecutivo, Juan José Martín, recordó --en una pregunta parlamentaria de En Marea-- que la subida gradual de 135 euros para gestores, 127 para tramitadores y 122 para los auxilios, ya los situará «muy por encima de la media».
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