Joan Ignasi Pla, líder del partido entre 200 y 2007 y la excandidata por Alicante y ahora investigada, Etelvina Andreu (izq.)
Joan Ignasi Pla, líder del partido entre 200 y 2007 y la excandidata por Alicante y ahora investigada, Etelvina Andreu (izq.) - Juan Carlos Soler
Presunta financiación irregular

Informe de la Udef: la Policía Nacional vio la «Gürtel» del PSPV-PSOE y el Bloc desde el inicio

El primer informe ya alertó al juez sobre facturas «desorbitadas» para la campaña

VALENCIAActualizado:

La investigación que en 2016 inició la Policía Nacional ante una presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) para las elecciones de 2007 refleja las primeras sospechas de posibles delitos en un informe preliminar que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, al que ha tenido acceso ABC. Fechado en diciembre de ese año, se presentó después de que el PP interpusiera una denuncia ante la brigada de blanqueo de capitales. El diputado autonómico José Císcar aportó numerosa documentación a la Policía que demostraría un supuesto delito electoral de ambas formaciones.

En un primer análisis de los papeles, que este diario ha publicado semanas atrás, los agentes realizaron un deglose de la operativa: la sociedad Crespo Gomar prestaría servicios a los partidos y solicitaría las facturas por esos trabajos realizados a terceras empresas dándoles instrucciones sobre cómo confeccionarlas y a nombre de quién, es decir, falsificándolas. Luego se reenviarían a las formaciones. Esas empresas serían beneficiarias de adjudicaciones y/o reparto de comisiones. El formato de las facturas con «matriz» en Benidorm y en Gandía del PSPV y el Bloc sería el mismo.

Los supuestos donantes son, en el caso del PSPV, Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica y Construcciones Blauverd. De los nacionalistas, el Centro Comercial y de Ocio La Vital, Metrovacesa, Egevasa, Lubasa y Acuamed.

Financiación ilegal

Los agentes compararon este proceder con otros casos de financiación ilegal y valoraron las facturas: «Ofrecen un aspecto poco serio y están sin completar». Esta «falta de cuidado» podría deberse, en su opinión, a que «únicamente serviría para conocer a cuánto asciende el importe de los servicios prestados». «Posteriormente y según habría acordado el responsable político y la empleada de Crespo Gomar, se decidiría qué empresa va a ser la encargada de cubrir ese gasto. Se establecerían como concepto cosas genéricas y falta de detalle, que con mucha probabilidad no llegaron a efectuarse». La Policía menciona los correos electrónicos en los que se constataría la elaboración de esa supuesta facturación falsa. En uno de ellos, de mayo de 2007, se revela una conversación entre la exsecretaria local de Organización del PSPV-PSOE de Benidorm, Anabel Hallado, y una apoderada de Crespo Gomar que le remite las facturas de gastos de campaña electoral a nombre de Hospimar 2000 y Quick Meals Ibérica. Hallado indica que facturen trabajos por concepto de material publicitario como llaveros, folletos y fotografías con un coste de 2.778 euros.

En otro correo se alude a una factura a la constructora Blauverd por un importe de 69.600 euros, que debe enviarse por mensajería a la sede del partido en la calle Blanquerías a la atención de Pepe Cataluña (exresponsable de finanzas de los socialistas valencianos). Inciden en que en el sobre únicamente conste esa información. Para la Policía, «la intención probablemente es que no fuera visible cualquier concepto o detalle que pudiera orientar que en su interior se remitiría la factura». El informe destaca los gastos que habrían sido asumidos Blauverd, Hospimar 2000 y Quick Meals. «Se establecen conceptos genéricos, tales como ‘Servicios de asesoramiento de marketing y comunicación’, con importes que a priori parecen bastante elevados con facturas mensuales de 52.200 euros, todas ellas por la misma cantidad», apunta. En Finestrat se pagaron cinco mensualidades seguidas por un total de 214.600 euros, según la Policía, «desorbitado». Los agentes concluyen que, aunque la documentación es de entre 2005 y 2007, «una vez desarrollada la investigación es de suponer que continuara el mismo procedimiento hasta el 2011, en el que el Ayuntamiento de Gandía pasó a ser dirigido por el popular Arturo Torró».