Pere Lluís Huguet (derecha), presidente de Llibertats, durante la presentación de la entidad en Barcelona
Pere Lluís Huguet (derecha), presidente de Llibertats, durante la presentación de la entidad en Barcelona - INÉS BAUCELLS

Juristas catalanes advierten de la falta de garantías democráticas si se aprueba la ley del referéndum

Llibertats elabora un documento de urgencia señalando porqué el proyecto de ley no es homologable internacionalmente

BARCELONA Actualizado: Guardar
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Primera reacción de un colectivo de juristas al proyecto de «ley de referéndum de autodeterminación» presentado ayer por la Generalitat, Junts pel Sí y la CUP. Llibertats considera que la norma «no cumple con las mínimas garantías jurisdiccionales para ser homologado internacionalmente».

Al margen del encaje legal de un proyecto de ley que crearía un régimen de excepción en Cataluña, incumpliendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía, el colectivo de juristas catalanes advierte de que el propio texto tampoco cumple con los estándares internacionales que hacen referencia a la convocatoria de referéndums.

Llibertats ha elaborado un documento de urgencia con comentarios al texto articulado, con el que Puigdemont pretende convocar un referéndum de autodeterminación para el próximo 1 de octubre, en cuyas conclusiones se destaca que el proyecto de ley no cumple «prácticamente ninguno de los requisitos establecidos en el código de buenas prácticas sobre referendos aprobado por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho», conocida como Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Sanción a los ciudadanos

Analizado el proyecto de ley, la entidad indica que la sindicatura electoral que se crearía a partir de la entrada en vigor de la ley tampoco cumple «con los mínimos requisitos de independencia y neutralidad de sus miembros al poder ser elegidos todos, por los partidos partidarios del "sí", sin que se establezca un sistema de representación paritaria entre las dos opciones tal como establece la legislación internacional».

Sobre esta sindicatura electoral, Llibertats advierte de que sus decisiones «no pueden ser recurridas ante un juez, y disponiendo de facultades disciplinarias puede sancionar a ciudadanos sin que estos puedan recurrir la sanción ante un juez, lo que atenta contra los más elementales principios democráticos y eliminando cualquier garantía jurisdiccional».

El documento de análisis técnico también señala que «el régimen de publicidad institucional y financiación de la misma, establecido en el proyecto de ley, no cumple con los principios básicos de igualdad de oportunidades, establecidos en la legislación internacional favoreciendo a una de las opciones».

Por último, otro de los aspectos que Llibertats ha destacado es la vinculación de los funcionarios, que el borrador de la norma les atribuye la obligación de cumplir en tanto que trabajadores de la Generalitat. «Debe recordarse una vez más, que la Generalitat carece de dicha competencia, dejando a los funcionarios en una difícil situación», añade el documento.

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