Puigdemont toma el control político de los Mossos antes de la consulta

Prosigue la limpia en la Generalitat ante el pretendido referéndum del 1 de octubre. Tres días después de anunciarse la salida de tres consejeros del gobierno catalán que habían mostrado dudas respecto a la consecución de la consulta, ayer se conocía la dimisión del director de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, que pese a definirse como independentista siempre había defendido que ante cualquier circunstancia política los agentes debían conducirse dentro de la estricta legalidad. Una defensa del imperio de la ley que ahora mismo en Cataluña es incompatible con la pertenencia al gobierno de la Generalitat.

De hecho, y por si había alguna duda de la motivación política de su renuncia, el ya exdirector de los Mossos mandaba una carta de despedida a los mandos de la Policía autonómica en la que reiteraba que «en los actuales momentos de la vida del país», los Mossos actuarán, «como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley».

La salida de Batlle se daba casi por segura después del relevo la pasada semana de Jordi Jané como consejero de Interior. Un Jané que siempre se había manifestado en los mismos términos que el ayer dimisionario. Ninguno de los dos está ya en el ejecutivo de Carles Puigdemont.

Los «soldados» del PDECat

Con la marcha de Batlle, la consejería de Interior y la dirección de la Policía autonómica, que no sus agentes, se ponen en sintonía política y estratégica con un ejecutivo autonómico presto para el combate. Como ayer mismo definía la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, los «soldados» del partido están dispuestos a todo. A Jané le sustituyó Joaquim Forn, independentista de primera hora y que a las 24 horas de ser nombrado ya dejaba entrever que la continuidad de Batlle estaba en cuestión. Antes de ser cesado, el director de la Policía presentó la renuncia.

A Batlle le sustituirá Pere Soler i Campins, exdirector de Servicios Penitenciarios de la Generalitat entre 2013 y 2016. Abogado de profesión y con un perfil político más bien bajo -concejal de Terrassa entre 2011 y 2015-, sí se ha mostrado públicamente muy comprometido con la consulta de octubre. Justo lo contrario de un Batlle que, procedente del PSC, siempre ha sido señalado como un hombre de consensos, y cuya eficacia gestora le ha valido ocupar cargos tanto durante la época del tripartido como en la actual de CiU/PDECat. Fue señalado por la CUP y los sectores más intransigentes del soberanismo; un sospechoso para los tiempos que vienen.

Acatar la ley

Consumado el relevo, la incógnita es saber hasta qué punto el nuevo consejero de Interior y el director de los Mossos están dispuestos a hacer cambios para poner el Cuerpo en sintonía con la consulta, unos cambios en cualquier caso que los sindicatos ya han anunciado que no van a aceptar si se realizan en clave política.

En declaraciones a ABC, los portavoces de los sindicatos del Cuerpo señalaban su preocupación por los relevos efectuados. En línea con lo que siempre han defendido los representantes de los agentes, rechazan convertirse en instrumentos de la política y recuerdan que siempre estarán al lado de la ley. Otras fuentes consultadas por este diario dan por hecho que, ante una orden dictada por un juez, por ejemplo, los Mossos acatarán siempre.

La dimisión de Batlle, que completa la crisis de gobierno en dos fases en la Generalitat -primero con la salida del consejero Baiget, y el viernes con las de Munté, Ruiz y Jané-, fue leída con preocupación en el Gobierno y los partidos constitucionalistas, que ven confirmada la radicalización del ejecutivo catalán. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría consideró «gravísima» la dinámica de la Generalitat: «Cuando la gente moderada, que ponía realismo político, se tiene que ir de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras pueden hacer dos cosas: o asumir su fracaso ahora o asumirlo el 1 de octubre». En la misma línea, Ciudadanos, PSC y PP lamentaron la «deriva de radicalidad» en la que ha entrado el departamento de Interior y la Generalitat.

A dos meses y medio de la pretendida consulta del 1 de octubre, todos los puentes se han volado. En la Generalitat no hay lugar para los moderados.