España

El PP no incluirá en su código ético el listón que exige Ciudadanos

Los cargos públicos imputados cesarán, pero Génova les mantendrán la militacia hasta la apertura de juico oral

Vídeo: El PP pide reflexión tras la muerte de Rita Barberá - ATLAS

Génova no incorporará en los estatutos del PP el punto 93 del pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy. El partido, que ha pedido públicamente revisar el acuerdo, insiste en que mantendrá su compromiso de la «separación inmediata» de los cargos públicos imputados; de igual modo lo aseveró el viernes el Gobierno. Pero la dirección nacional, lejos de incluir esta exigencia en su código interno, defenderá en el congreso de febrero la necesidad de blindar en sus estatutos la presunción de inocencia. Un derecho constitucional que considera «ha sido arrasado». El PP no expulsará de militancia a sus miembros «sólo» por estar inmersos en un proceso judicial, no hasta que se abra juicio oral contra ellos.

La muerte de Rita Barberá ha llevado al PP al diván. La división interna sobre cómo tratar a los cargos involucrados en causas judiciales, patente desde que estallaron los casos Gürtel y Púnica, se ha recrudecido. Y aunque la doctrina oficial de Génova sigue siendo la de «tolerancia cero» contra los corruptos, existe desde el pasado miércoles un claro repliegue en las tesis de cómo administrar la «ejemplaridad». «Nos estamos cargando la presunción de inocencia», asegura un miembro de la dirección. «Un hecho doloroso como este debe hacernos reflexionar», dijo el viernes Íñigo Méndez de Vigo.

Ese mensaje se ha convertido en las últimas horas en un clamor interno dentro del PP, donde se afrontan decenas de imputaciones. Tras la repentina muerte de Rita Barberá, hasta los sectores del PP más identificados con la necesidad de «regeneración» han frenado en seco el debate de endurecer la disciplina interna hasta los máximos que ha fijado Ciudadanos.

«Duros pero justos»

«No tenemos por qué hacerlo. Y ahora, menos», señala un dirigente de Génova, que aplica la máxima de Rajoy: «Tenemos que ser duros pero justos con los nuestros». El presidente ya anunció hace 15 días ante la Junta Directiva Nacional que en el congreso de febrero se adoptarían «medidas razonables» contra la corrupción en sus filas. Ahora se trata de conjugar la presunción de inocencia con las medidas de disciplina.

Conscientes de que el PP gobierna hoy en España y en varias comunidades autónomas con el apoyo de Ciudadanos, desde Génova se procura mandar un mensaje de prudencia. «Las cosas en caliente son muy complicadas», admiten. Y piden esperar hasta febrero para ver cómo resuelven un debate que tienen pendiente, el de recuperar la credibilidad del partido tras años alimentando la enorme alarma social por la corrupción. El problema, reconocen, es que han tenido una respuesta «pendular» al fenómeno de la corrupción. Se ha pasado de la defensa a ultranza de todo cargo popular, por muchos indicios que hubiera en los tribunales, al de «a la mínima fuera». «Y no puedes actuar igual con un Granados que con otro cualquiera», señalan.

Las actuales normas del partido fijan la expulsión de un militante cuando hay sentencia firme y se abre expediente con el juicio oral. Eso dictan los estatutos aprobados en el congreso de Sevilla de 2012, que en la práctica han sido superados a golpe de detenciones y goteo de noticias y causas judiciales. Génova ha venido apartando a los cargos con el juicio oral.

Así lo comprometía el programa electoral de Rajoy hace un año. «Tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral derivado de una causa de corrupción».

Una de las adalides de la máxima ejemplaridad contra la corrupción es Cristina Cifuentes, que, tras asumir la presidencia de la gestora en febrero después de que la Guardia Civil entrara en Génova por la financiación del PP en Madrid, impuso un estricto código ético. Ha importado al PP regional las cláusulas firmadas con C´s en su acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid, que contempla la expulsión inmediata de un imputado por corrupción. La presidenta madrileña, sin embargo, no participará de ese debate en el XVIII Congreso nacional del PP por ser la anfitriona, según asegura su entorno.

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