Imputada por corrupción la cúpula de Urbanismo de Sabadell

La cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Sabadell, encabezada por Maties Serracant, responsable de Territorio y previsto como alcalde para la segunda mitad de la legislatura, está citada a declarar este miércoles por prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos.

El caso que instruye el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell investiga la adjudicación directa, sin concurso público, de un edificio que fue expropiado para uso deportivo al colectivo El Tallaret, de ideología política afín a la coalición de Gobierno. Una parte del edificio ya está operativa como polideportivo y la otra parte es la que ha sido destinada a las asociaciones políticas.

Desde las municipales de 2015, Sabadell, quinta ciudad más poblada de Cataluña, está gobernada por una amalgama de partidos de izquierdas mayoritariamente independentistas: ERC (con el alcalde a la cabeza, Juli Fernández), Unitat pel Canvi (IU, EUiA y Podemos), Guanyem Sabadell y Crida per Sabadell (coalición de la CUP, el Moviment Popular per Sabadell y L´Entesa).

Serracant, líder de L´Entesa y regidor de Urbanismo, ha visto frenado su acceso a la alcaldía en el ecuador de la legislatura, pactado para la investidura.

Según las denuncias de Maite Morao, exjefa del Servicio de Planificación Urbanística, y del grupo municipal del PSC, el ayuntamiento barcelonés se saltó las leyes urbanísticas para adjudicar a dedo y gratis un céntrico edificio a grupos y asociaciones afines, entre ellos Arran, las consideradas como juventudes violentas de la CUP. Tanto el ayuntamiento como Maties Serracant declinaron este lunes dar su versión de los hechos a ABC.

En septiembre de 2015, el regidor de Urbanismo se reunió con la funcionaria Maite Morao, arquitecta jefa del Servicio de Planificación Urbanística, y le ordenó que dejara «todos los proyectos urbanísticos en los que estuviera ocupada y se dedicara en exclusiva a trabajar de manera urgente en una Modificación del Plan General para permitir que un grupo vecinal, todavía por constituir, pudiera implantarse en un edificio de la ciudad -Can Balsach-, una antigua industria situada en una de las avenidas más céntricas de Sabadell y calificada urbanísticamente como Equipamiento Deportivo». El «grupo vecinal» es, según la denuncia admitida por el juez, una confluencia de agrupaciones políticas vinculadas a L´Entesa y a la CUP, socios de Gobierno. La intención del concejal de Urbanismo es que se les cediera de forma directa y gratuita el edificio por un plazo de 30 años.

Además, el ayuntamiento costearía las obras de reforma. En principio, los adjudicatarios asumían la remodelación pero, en paralelo, el consistorio tramitaba «una subvención de la Diputación para que El Tallaret no tuviera que asumir ningún coste adicional». De hecho, se declaraba la obra como «de interés público».

Las órdenes y «presiones» corrían a cargo de Serracant y de la jefa directa de Maite Morao, primero Rosa Martínez Camarasa y luego Margarita López-Nieto, directoras del área de Territorio y Sostenibilidad. Esta última dijo a la funcionaria que «hay que trabajar para L´Entesa», según la denuncia. Ambas tienen que declarar este miércoles ante el juez como investigadas, la actual figura jurídica del imputado.

Morao, arquitecta y funcionaria desde el año 2000, se negó a cambiar el uso urbanístico porque era una «manifiesta ilegalidad» adjudicar el edificio de forma «directa, sin el preceptivo concurso público, de forma gratuita -con cargo al Presupuesto Municipal- y para un uso privativo por un periodo que contravenía de forma rotunda el destino público de unos edificios previamente expropiados a sus propietarios».

La arquitecta emitió un informe desfavorable porque le estaban ordenando «alterar el destino unívoco de un Equipamiento Deportivo» y «vulnerar el carácter público del Equipamiento». para que el colectivo político dispusiera de las instalaciones «de forma inmediata». Al estar la adjudicación «blindada» por 30 años, si el ayuntamiento, de cualquier signo político, intentaba en el futuro recuperar el edificio para uso público tendría que indemnizar a los adjudicatarios.

Tras las negativas de la arquitecta jefa, la directora de Territorio ordenó los cambios a sus subordinados, que también se negaron. Entretanto, las juventudes de la CUP y el resto de integrantes de El Tallaret ya estaban usando el edificio.

Represalias

El 30 de octubre de 2015, el concejal de Urbanismo y la directora de Territorio destituyeron a la jefa de Planificación Urbanística por su «falta de flexibilidad para modificar el criterio técnico». La pusieron a realizar tareas de delineante, pasar planos a limpio. En su lugar nombraron a Josep Torras, un interino que «accedió a informar favorablemente la implantación directa del uso asociativo».

Torras, que también declara mañana como imputado, justificó que los colectivos de izquierda independentista beneficiarios de la cesión fomentaban «la vida sana y saludable, promoviendo el deporte y la actividad física», pese a que el colectivo describe su objeto social como «inequívocamente político» y en sus actividades e intereses «no aparece en ningún momento el deporte». En enero de 2016, el Pleno de la Corporación aprobó el pliego para la adjudicación directa.

Después de que la funcionaria denunciara los hechos en el Ayuntamiento, el grupo de L´Entesa pidió su imputación en otra causa, denominada Can´Alzina, y la consiguieron. Según recoge la denuncia, la funcionaria no intervino en ese expediente urbanístico. Fuentes jurídicas confirman a ABC que el fiscal ha pedido el archivo de la causa contra la arquitecta.