La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el jueves en La Moncloa - JAIME GARCÍA

El Consejo de Estado da un varapalo al Gobierno y rechaza el veto a Puigdemont

El Ejecutivo mantiene el recurso para impugnar la candidatura del prófugo separatista, pese al informe contrario del órgano consultivo del Estado

MadridActualizado:

La Moncloa cayó ayer jueves en un profundo silencio tras recibir uno de los mayores varapalos del Consejo de Estado que se recuerdan. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había comparecido por la mañana, de manera sorpresiva, para anunciar un recurso ante el TC que impugnaría la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat. El paso previo era pedir al Consejo de Estado el informe preceptivo, que no vinculante, aunque todo el mundo dio por hecho que sería favorable. Craso error. El máximo órgano consultivo advirtió al Gobierno de que no ve fundamentos para impugnar ahora la candidatura del prófugo separatista.

Fue un jarro de agua helada sobre más de una cabeza en La Moncloa. La primera, la de la vicepresidenta, quien había puesto el acento en que era imprescindible que el Gobierno no cometiera ningún error ni diera un solo paso en falso. El movimiento de última hora, al anunciar un recurso que nadie se esperaba en este momento, para desactivar la candidatura de Puigdemont y obligar al presidente del Parlamento catalán a proponer otro candidato, les ha salido torcido.

El Consejo de Estado estuvo reunido alrededor de dos horas, y cuando ya se esperaba que diera su bendición completa a los planes del Gobierno de Rajoy, se lanzó por la calle opuesta. A partir de ese momento, silencio total en La Moncloa, móviles desactivados y apagón informativo. Hasta que se les pasó el susto.

Solo después de que la noticia del patinazo estuviera en media España, desde el Gobierno se reconoció que, efectivamente, había recibido el informe del Consejo de Estado y no era exactamente como esperaba. Dicho con sus palabras, «avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo, pero discrepa sobre el momento temporal de hacerlo». Es decir, lo nuclear, que era el tiempo, para desactivar justo ahora la candidatura de Puigdemont, y no cuando ya sea una realidad, es lo que el Consejo de Estado no ve.

Pero La Moncloa no se dio por vencida, pese al evidente palo político que acababa de recibir. «En cualquier caso, el informe es preceptivo, pero no vinculante», aseguraron fuentes próximas al presidente. Y unos minutos después aclaraban aún más su posición: «El Gobierno tiene intención de seguir adelante con el recurso contra la candidatura de Puigdemont».

El TC decide

Conclusión: La Moncloa hará caso omiso a las advertencias del órgano consultivo supremo del Estado, lo que no deja en buena posición a una de las dos partes. Será el Consejo de Ministros de hoy el que deba autorizar al presidente del Gobierno la interposición del recurso en el Tribunal Constitucional, para desactivar la candidatura de Puigdemont. Si el Tribunal lo admite a trámite, la candidatura quedará anulada automáticamente, al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución. Si se rechaza, el golpe político sería brutal.

En La Moncloa llevaban días estudiando todos los detalles de un recurso fundamental para dejar noqueado a Puigdemont, y por extensión a los independentistas. Mientras los separatistas discutían entre ellos ayer por la mañana, para ver la manera de organizar un Pleno a su medida y burlar al Gobierno, en La Moncloa ultimaban un golpe que pretendían que fuera certero. A media mañana, Vicepresidencia convocó a los medios con urgencia para «informar de las últimas decisiones para garantizar el cumplimiento de la legalidad en Cataluña».

Soraya Sáenz de Santamaría explicó que el presidente del Gobierno acababa de solicitar un informe al Consejo de Estado, a efectos de recurrir ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont. Rajoy contaba con el apoyo, expreso y público, de Pedro Sánchez, al que había informado de la medida. El Gobierno considera que la celebración de una sesión de investidura de un candidato ausente, que en este momento se encuentra fuera del territorio nacional con el único fin de eludir la justicia, «es contraria a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución y en el Reglamento del Parlamento catalán».

El Gobierno se apoyó también en el informe de los letrados de la Cámara autonómica, que establecieron «sin dejar dudas que el debate de investidura no puede tener lugar sin la participación directa y personal del candidato».

La decisión del Gobierno descolocó por completo a los independentistas. «Vamos bien», comentaron en La Moncloa. Aún no habían recibido el informe contrario del Consejo de Estado. El objetivo del Gobierno era «dejar una puerta abierta» a los independentistas:la legalidad. Su intención no es asfixiar al presidente del Parlamento catalán, sino darle el tiempo justo ahora para que proponga otro candidato, que sea el que se someta a la investidura del día 30. «O Torrent sigue en la vía Forcadell u opta por la ley», advirtieron. Y esa vía ya se sabe cuál es: desafío al Estado de Derecho con consecuencias penales a la vista.

Dos horas reunidos

A las cuatro de la tarde se reunió de forma ordinaria la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Le bastó apenas dos horas para emitir un informe muy complejo en el que planta cara a las decisiones que proponía el Gobierno de Rajoy, y filtrarlo después a algunos medios de comunicación.

En La Moncloa, tras superar la primera impresión del impacto recibido, comenzaron las reacciones para contrarrestar el patinazo político. En seguida confirmaron su intención de seguir adelante con el recurso ante el TC. «Si el Constitucional lo admite a trámite, no hay investidura de Puigdemont», insistieron. «Hay que valorar cómo acaba todo esto, eso es lo importante».