Las autonomías socialistas exigen a Sánchez negociar medidas económicas con el Gobierno

El bloqueo político impide aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017en tiempo y forma, pero tiene otros efectos perniciosos para la economía y muy especialmente para las Comunidades Autónomas, que se ven atadas de pies y manos al no tener aprobado el objetivo de estabilidad, y por tanto no pueden aprobar sus techos de gasto ni sus cuentas públicas. En esta situación extrema, los barones socialistas han presionado a Pedro Sánchez para que acepte negociar con el Gobierno en funciones un conjunto de medidas económicas urgentes, que supondrían un alivio temporal a las autonomías, y podrían salvar a España de perder fondos estructurales .

Los presidentes autonómicos están preocupados porque si no se reforma la Ley de Estabilidad, las comunidades autónomas no podrán disponer del margen de déficit que Bruselas ha dado a España para este año 2016, de más de 18.000 millones de euros, al permitir a nuestro país cerrar el año con unos números rojos del 4,6% del PIB en lugar del 2,8% que se había fijado previamente.

Así se lo han hecho saber al Gobierno, que a través del jefe de la oficina económica de Moncloa, Álvaro Nadal, ha iniciado una ronda de contactos telefónicos con representantes de los principales partidos políticos para instarles a pactar varias normas que permitan a España evitar algunos de los efectos perniciosos de la falta de gobierno.

De momento, las conversaciones están en una fase inicial, según fuentes del Ejecutivo por ABC. «Está todo verde aún, pero los tiempos apremian. El calendario corre y no hay tiempo que perder», advierten. Sobre la mesa se han puesto dos asuntos especialmente urgentes. El primero es la reforma de la ley de Estabilidad presupuestaria. Además está pendiente la aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para que España pueda cumplir el compromiso con Bruselas de reducir el déficit hasta el 4,6% del PIB este año. En este decreto se incluiría la corrección de la normativa sobre pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, con el que se pretende conseguir 6.000 millones extra que permitiría a España no perder 1.300 millones de fondos estructurales europeos.

En la agenda negociadora se ha introducido un tercer asunto, la renovación de los cargos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que chocaría de frente con la prohibición que hay de proceder a nombramientos con un Gobierno en funciones.

«Fórmulas jurídicas»

La puerta de la negociación sobre las medidas económicas más urgentes la abrió Mariano Rajoy hace un par de semanas, después de su investidura fallida. El presidente en funciones se comprometió públicamente a buscar «fórmulas jurídicas» para no perjudicar a los ciudadanos por el bloqueo y por la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. A partir de ese momento, los ministerios se pusieron en marcha desde diversos frentes. En Hacienda, Cristóbal Montoro inició contactos «muy discretos» con las comunidades autónomas, sobre un asunto que les preocupaba especialmente: la aprobación del objetivo de estabilidad presupuestaria, imprescindible para poder sacar adelante sus propios Presupuestos.

La legislación actual exige que el Consejo de Ministros apruebe un acuerdo, que debe ser ratificado por ambas cámaras, en el que se fije el techo de gasto del Estado para el próximo año; el límite de deuda y los objetivos de estabilidad. En la medida en que un Gobierno en funciones no puede aprobar medidas presupuestarias que pudieran comprometer al Gobierno siguiente, como sería el techo de gasto o el límite de deuda, se trataría de reformar la Ley de Estabilidad de modo que se pudiera llevar a consejo de Ministros un acuerdo que incluyera solo los objetivos de estabilidad para los próximos años. Este acuerdo serviría de base, no solo para repartir ese mayor margen de déficit que da Bruselas, sino que también permitiría que las comunidades pudieran aprobar sus propios techos de gasto y sus presupuestos.

El problema es que un Gobierno en funciones no puede aprobar esa reforma. Tendría que ser una iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios, y ahí es donde entra en juego Álvaro Nadal, el director de la oficina económica de Moncloa, quien ha empezado a contactar con los partidos en el Congreso para poder sacar adelante la Proposición de Ley Orgánica, que requiere una mayoría absoluta para ser aprobada. Es decir, el consenso es obligado, y las comunidades autónomas lo están exigiendo.

Al ser una ley orgánica, y ante un escenario de próximas elecciones y de disolución de las Cortes, sería necesario además, reformar la ley en solo tres semanas, y eso solo sería posible si hay acuerdo de todos los grupos políticos y no se presenta una sola enmienda en todo el trámite parlamentario.

Financiación autonómica

Montoro también está hablando con las comunidades sobre la financiación autonómica, las entregas a cuenta y las liquidaciones, para tratar de encontrar una solución en pleno bloqueo.

El segundo asunto que está sobre la mesa es la reforma del Impuesto de Sociedades, según el compromiso adquirido con la Unión Europea. En esta caso se haría a través de un Real Decreto Ley, que el Gobierno en funciones sí podría aprobar, pero que tendría que ser convalidado por el Pleno del Congreso. El acuerdo también es imprescindible, pero más aún, debe estar preparado antes del 15 de octubre, fecha tope para enviar a la Comisión Europea un informe sobre el grado de cumplimiento de todos los compromisos, junto con el plan presupuestario, que sería la prórroga de las cuentas actuales.

En el Congreso, los contactos se están produciendo en plena campaña de las elecciones del País Vasco y Galicia, lo que como es lógico dificulta el acercamiento de los partidos. Pero el diálogo está abierto, al menos para estos asuntos urgentes. Desde el PSOE, su portavoz, Antonio Hernando, enfrió la perspectiva de una aproximación entre su partido y el Gobierno, y calificó las conversaciones de «trámites» por la necesidad del Ejecutivo de lograr una mayoría suficiente para poder aprobar las medidas. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que su partido está dispuesto a abordar con el Gobierno la reforma del Impuesto de Sociedades, pero sobre los cargos en la CNMV subrayó que habrá que esperar a que haya un Gobierno. Por Podemos, Pablo Echenique, dio portazo al Gobierno y arremetió contra el PSOE: «El socio del PSOE no debería ser el PP», advirtió.