Más de 60 tratados internacionales, paralizados por el bloqueo político

Más de sesenta tratados internacionales se encuentran a la espera de que se forme Gobierno en España para poder ser autorizados o remitidos a las Cortes Generales, según supo ABC de fuentes diplomáticas.

Desde el 20 de diciembre del pasado año, cuando se celebraron elecciones generales, ningún tratado, convenio, acuerdo o protocolo ha sido ha podido ser autorizado por el Ejecutivo ni enviado a las Cortes para su ratificación, con lo cual no pueden entrar en vigor. Este atasco es una más de las formas en que la política exterior española y en consecuencia el peso de nuestro país en el mundo se ven afectados por la ausencia de un Gobierno.

La parálisis afecta fundamentalmente a los tratados de carácter bilateral con otros países u organizaciones internacionales y, en menor medida a los tratados multilaterales de los que España desea formar parte. Ello se debe a que, en estos últimos España no puede introducir modificaciones, sino simplemente adherirse o no, mientras que, en el caso de los tratados bilaterales, un nuevo Gobierno podría adoptar algún tipo de modificación, si considerara que no resulta conveniente para el país firmar ese texto.

Aún así, por ejemplo, el Gobierno no ha podido aún remitir a las Cortes para su autorización el Acuerdos sobre el Cambio Climático firmado en París en diciembre del pasado año.

Consecuencias

Lo cierto es que la imposibilidad de ratificar, en estos momentos, esos más de sesenta tratados tiene, en algunos casos, consecuencias importantes para las personas o para las empresas, que se encuentran pendientes de su puesta en marcha.

Así ocurre, por ejemplo, con un acuerdo con India sobre traslado de personas condenadas, que modificaba otro existente. También se encuentra a la espera de autorización para la firma por el Consejo de Ministros un acuerdo entre España y Corea del Sur relativo al programa de movilidad juvenil y otro con Japón sobre el programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas. En la misma línea, tampoco ha podido ser remitido a las Cortes un Tratado de asistencia judicial mutua entre España y Vietnam.

Un grupo importante de acuerdos paralizados son los de protección mutua de información clasificada con varios países. En concreto, Argelia, Bélgica, Chipre, Hungría, Montenegro, Vietnam y Nueva Zelanda o los de cooperación en materia de defensa con Portugal y Uruguay. Igualmente, están pendientes sendos convenios en materia de seguridad con Egipto y Mauritania.

En el terreno más estrictamente económico y que afecta a la actividad de empresas españolas en el exterior, no se pueden poner en marcha acuerdos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con Países Bajos, Cabo Verde, Azerbaiyán, Catar, Finlandia o México, ni tampoco los acuerdos sobre intercambio de información tributaria con territorios de la Corona británica como Guernsey, Jersey o la isla de Man, considerados como paraísos fiscales. Asimismo, se hallan paralizados acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de España con Etiopía, Yemen, Congo o Gambia.

Un caso particular es el del Convenio por el que se constituye el Banco Asiático de infraestructura, que España tendría que ratificar en 2016 para poder suscribir acciones de la entidad y estar así representada en sus órganos de Gobierno.

Otros textos que no pueden entrar en vigor afectan también al mundo científico, como el canje de notas con Estados Unidos para la prórroga del acuerdo sobre la estación de seguimiento de Robledo de Chavela. Lo mismo ocurre con el mundo cultural, con acuerdo con Chile sobre reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior universitaria, o los convenios culturales con Argentina o Senegal.

Igualmente, está pendiente de remisión a las Cortes un Convenio de Asociación Estratégica en materia de desarrollo y cooperación cultural, educativa y deportiva entre España y Marruecos.

Algunos de los tratados paralizados no han pasado todavía el primer trámite, que es la autorización de su firma por parte del Consejo de Ministros. Después de esa autorización, los textos son enviados al Consejo de Estado para que emita un informe sobre las repercusiones de tipo político, económico, de seguridad, etc., que pueden tener. Tras conocer ese informe, el Consejo de Ministros decide si lo manda al Parlamento para su autorización. Una vez obtenida, puede el Ejecutivo continuar con el procedimiento para que el tratado entre en vigor.