Hacienda pidió el registro de la vivienda de Rato «incluso con la fuerza»

La detención televisada de Rodrigo Rato el pasado 16 de abril nació de una investigación de la Agencia Tributaria que solicitaba a la Fiscalía de Madrid, entre otras cosas, el registro de su domicilio y despacho «incluso con la autorización de la fuerza, si fuera necesario», según consta en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en el que se basa la denuncía de la Fiscalía contra el exvicepresidente del Gobierno, al que ha accedido ABC. En este documento, los investigadores de la Agencia Tributaria plantean al Ministerio Fiscal un catálogo de propuestas para pedir al juez de turno y con las que arrancar las actuaciones del caso Rato.

La ONIF especifica a la Fiscalía de Madrid -que asumió en un comienzo la investigación hasta que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, la derivó a la Fiscalía Anticorrupción- los locales que quiere que sean registrados para incautar toda la documentación que pueda ayudar a investigar los manejos que hizo el exministro de Economía con su patrimonio personal, por los que se le atribuyen cinco delitos fiscales, uno de alzamiento de bienes y uno de blanqueo de capitales.

Los locales están situados en las calles Ramón de la Cruz, Castelló, Almagro y en la urbanización gaditana de Sotogrande.

Durante los registros, el exvicepresidente del Gobierno permaneció detenido. La imagen del día fue la del funcionario de Hacienda que puso su mano en el cuello de Rato para introducirlo en el vehículo de la Agencia Tributaria.

Estas solicitudes también incluían la petición de que se prohíba «la libre disposición» de las fincas investigadas y el mandamiento a las entidades financieras de que procedieran al bloqueo de las cuentas y productos bancarios de los sujetos incluidos en el informe. La Agencia Tributaria pedía a la Fiscalía que propusiera todas estas actuaciones al juez de la investigación.

Precisamente el bloqueo de las cuentas, fondos de inversión y de pensiones y de todos los productos financieros de los que es titular Rato fue la última medida que adoptó el juez de instrucción número 35 de Madrid, Enrique de la Hoz, el magistrado que estaba de guardia cuando se precipitó la operación contra el exministro, antes de que la causa recayera en las manos del juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, el que actualmente instruye el caso Rato.

Fianza de 18 millones

Aún así, el juez ha autorizado que se levante el embargo sobre las cuentas bancarias del exvicepresidente siempre que Rato abone una fianza de 18 millones de euros. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción después de que el exministro recurriera el embargo de sus activos, según pudo saber ABC de fuentes conocedoras de la investigación. Con esta medida, el exministro acumula 26,6 millones en fianzas por sus frentes judiciales.