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Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Ángel Navarrete
CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno rechaza la excarcelación de etarras y apoya el recurso de la Fiscalía

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría asegura que el Ejecutivo «no entiende» la decisión de la Sección Primera de la Audiencia Nacional de dejar en la calle a terroristas como «Santi Potros»

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La respuesta del Gobierno a la excarcelación de etarras que está llevando a cabo la Sección Primera de la Audiencia Nacional, de acuerdo supuestamente a una directiva de la Unión Europea, ha sido especialmente contundente. La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que «no comparte» esa decisión y ha expresado su acuerdo con la Fiscalía, que recurrirá las excarcelaciones de terroristas como Santi Potros. [Así hemos contado al minuto el Consejo de Ministros]

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha recordado que la Audiencia Nacional no está de acuerdo sobre estas decisiones, que se tomaron por jueces de la Sección Primera de la Sala de lo Penal en contra del criterio de la Fiscalía

y de sus compañeros de la Sección Segunda. Por eso, la vicepresidenta ha expresado todo su apoyo a las asociaciones de víctimas del terrorismo.

«Los ciudadanos no lo entienden y claramente el Gobierno tampoco», ha advertido la vicepresidenta, quien ha insistido en que el Ejecutivo apoya la ley y el criterio de la ley, que dice «muy claro qué se puede y qué no se puede hacer». En ese sentido, ha recordado que las decisiones marco de la UE no son aplicables directamente, mientras no exista una trasposición de esa normativa, tal y como aprobó recientemente el Parlamento en una ley que ponía coto a las excarcelaciones con una disposición adicional que prohibía acumular las penas anteriores a 2010.

Por eso, ha insistido en que el Gobierno de la Nación está «absolutamente de acuerdo» con la Fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo. «Eso se lo queremos decir a las víctimas. Nuestra decisión está en la ley que salió de las Cortes y que dice con claridad que no se puede hacer lo que ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro y nos lleva a desazón que los ciudadanos tengan que enfrentarse a criterios judiciales tan dispares e incomprensibles».

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