Granados adjudicó a la trama Púnica diez millones de euros en suelo

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está investigando las adjudicaciones de Arpegio, la empresa pública que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, y Prisma (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid). El principal detenido en la operación Púnica, Francisco Granados, dirigió ambas instituciones. Las adjudicaciones directas de Arpegio a empresas de la trama alcanzan los diez millones de euros, según fuentes de la investigación.

Solo a través de Prisma, Granados controló 700 millones de euros en subvenciones a municipios en el periodo 2008-2011, mientras que Arpegio suma miles de hectáreas de terreno y millones de metros cuadrados de edificabilidad, tanto en suelo residencial como industrial.

Según fuentes del Partido Popular, Granados maniobró en 2004 para hacerse con este enorme poder presupuestario.

El principal imputado en el caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción dejó ese año la Consejería de Transportes, donde tenía amplio margen en la concesión de contratos, y exigió áreas de gran poder económico.

Ganó el pulso

Pese a la oposición de algunos líderes regionales, Granados logró en 2004 la presidencia de Arpegio y la Consejería de Presidencia del Ejecutivo que encabezaba Esperanza Aguirre, además de la secretaría general del PP de Madrid. Estos cargos le otorgaron un gran poder de decisión e influencia sobre partidas presupuestarias que, sumadas, superaban ampliamente los mil millones de euros. Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil están examinando múltiples contratos y adjudicaciones de estas empresas públicas.

Una vez que Granados tomó el control de Arpegio, posó su mirada en una gran finca, El Espartal, que la empresa pública tenía, precisamente, en Valdemoro, su pueblo, del que fue alcalde entre 1999 y 2003. Allí puso en marcha una macrooperación inmobiliaria con la complicidad de su sucesor en la Alcaldía, José Miguel Moreno, también imputado en la operación Púnica: 6.100 viviendas, un campo de golf y una ciudad deportiva en un terreno de seis millones de metros cuadrados. Pese a tratarse de un paraje natural protegido, singular en flora y fauna, en 2004 pasó a calificarse como urbanizable, lo que disparó su valor hasta los 3.000 millones de euros.

En 2006, Granados -en nombre de Arpegio- y su amigo Moreno -representando al Ayuntamiento e Valdemoro- firmaron el convenio para el desarrollo urbano de El Espartal. Según las fuentes consultadas, Granados quería colocar a sus constructores de cabecera en este enorme negocio: Obrum, en la que estaba el conseguidor de la trama corrupta, David Marjaliza, y el Grupo Dico, cuyos presuntos sobornos están bajo investigación.

El proyecto se encontró con la oposición de los vecinos. El Colectivo Vecinal para la Protección de El Espartal puso una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Calificaron la operación como un «pelotazo» y «una agresión ambiental en una zona arqueológica declarada bien de interés cultural». Las obras se retrasaron y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria frustró la operación.

La Guardia Civil está investigando el plan parcial de Valdemoro del año 2006, así como contratos de Arpegio adjudicados a empresarios de la presunta trama corrupta. Arpegio también contrató en su día con firmas de la trama Gürtel, vinculadas a Francisco Correa. Lo hizo, según el testimonio de trabajadores ante el juez Pablo Ruz, por orden del entonces consejero de Deportes, el imputado Alberto López Viejo, buen amigo de Francisco Granados.

También a través de Arpegio, Granados intervino en la venta del 43,6 por cien que la Comunidad de Madrid tenía en los terrenos del Parque Warner, en San Martín de la Vega. Los terrenos libres del parque fueron recalificados y vendidos a promotores. La operación dejó unas pérdidas en las arcas de la Comunidad de Madrid que ascendieron a 34 millones de euros, después de las inyecciones de capital que Arpegio había metido en el Parque.

La Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la Guardia Civil tienen en sus manos una investigación titánica, debido a los enormes presupuestos que ha manejado Francisco Granados. El exsecretario general del PP probó los réditos presuntamente ilegales de la política, en forma de comisiones, en su pueblo, Valdemoro. Desde allí ascendió a grandes cotas de poder regionales -número dos del PP y tres del Gobierno de la Comunidad-, buscando siempre mayores presupuestos para adjudicarlos a empresarios de su confianza.

La ambición de Granados comenzó en los años 80, cuando tomaba cubatas con su amigo Marjaliza en el discobar Plaza, que había abierto José Capita, otro de los amigos de la pandilla. Ligados al PP, les interesaba la política en la medida de abrir puertas a los negocios, su gran pasión. A la cuadrilla se unían también los sábados por la noche Juan Carlos Burguillo y Juan Francisco Pérez, que, con Granados, fueron creciendo en influencia en el PP local. Cuando su amigo Paco fue alcalde, Burguillo fue concejal de Urbanismo.

Los intensos rumores sobre la corrupción que azotaba al PSOE local impulsaron a Granados a la alcaldía en 1999. Cuatro años antes su amigo Marjaliza, el conseguidor de la Púnica, había dejado la política para centrarse en los negocios inmobiliarios. Granados, licenciado en Ciencias Económicas y «bróker» de profesión, tomó el mando de Valdemoro con autoridad. Era el «jefe» de la localidad del Sur de Madrid y así se comportaba, según testimonios de quienes le conocen bien.

En 2003, Francisco Granados revalidó la mayoría absoluta después de una campaña electoral a todo trapo, sin precedentes en Valdemoro. El PP local instaló una carpa ante la que se formaban colas de vecinos que acudían a recoger regalos promocionales. Todos los objetos llevaban inscrito el eslogan «Francisco Granados 100% Valdemoro», incluidas 20.000 botellas de un cuarto de litro cada una de aceite de oliva virgen «La Española», una por cada habitante de Valdemoro. Había también gorras, mecheros, manoplas de cocina, juegos de cubiertos, estuches de lápices de colores, llaveros, billeteros y tarros de miel.

El coste de estos productos superaba con creces lo que por ley se podía gastar el partido, pero los albaranes de entrega de la mercancía tenían como datos de facturación los de constructores locales y otros empresarios. Por ejemplo, los 5.000 litros de aceite iban a nombre de una de las empresas de Ramiro Cid Sicluna, el «señor del ladrillo» de Valdemoro. Los documentos, en poder de ABC, están firmados por personas de la campaña de Granados, pese a que las facturas no iban a nombre del PP.

Granados estaba eufórico en la carpa en la que se celebró la victoria electoral. Ahí se dieron cita dos casos de corrupción cuyos nombres conoceríamos años después: Gürtel y Púnica. Entre los amigos que acudieron a festejar con Granados estuvieron Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, y Ginés López, alcalde de Arganda del Rey. Ambos fueron imputados por recibir sobornos de la trama de Francisco Correa a cambio de contratos públicas.

El PSOE local denunció la presunta financiación ilegal del PP de Granados, pero como otras corruptelas relacionadas con el exsenador, entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior, fueron enterradas. A Serafín Faraldos, portavoz del PSOE local, no le sorprendió «absolutamente nada» la detención de Granados. En declaraciones a ABC recuerda cómo «nos dábamos con un muro cada vez que denunciábamos la corrupción de Granados».

Gimnasio municipal

Pone como ejemplo un contrato que se adjudicó a una empresa de David Marjaliza: «Se le concedió la explotación de un gimnasio municipal por 70 años a un precio de 1.700 euros anuales». Recuerda cómo Marjaliza llegó a «comprar» también al PSOE local, que tuvo que refundarse por completo en 2007. La trama quería controlarlo todo.

El juez Velasco otorga tanto a Granados como a Marjaliza un papel decisivo en la trama. Les acusa, entre otros delitos, de pertenencer a una organización criminal. Según el auto del magistrado, el exnúmero dos de Esperanza Aguirre formó parte de «una red de tráfico de influencias» para mediar a favor de Marjaliza y otros empresarios, como José Luis Huertas, y para su propio enriquecimiento. Una conducta que realizó «a lo largo de su carrera pública» gracias a operaciones vinculadas a la contratación pública y a la construcción. Velasco explica que se han identificado «diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha que pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios».

Pero además, como adelantó ABC, Granados recibía comisiones en forma de casas, coches de lujo, viajes y cacerías de 9.000 euros. Toda una «organización criminal», como la define el juez, que finalmente le ha llevado a la cárcel.