Y llegó el consenso, ¡a exprimir Sociedades! como las empresas no votan...

En el comer y en el «pactar», todo es empezar. Así pues, y tergiversando «algo» el dicho popular, en esas están estos días varios miembros del recién estrenado, y poco renovado, Ejecutivo de Mariano Rajoy, apremiado por el tiempo estipulado por Bruselas para cumplir con sus obligaciones. La fecha límite, a la vuelta de la esquina: el próximo 30 de noviembre, ya que –como tarde– el día 2 de diciembre, las autoridades europeas quieren disponer del paquete de medidas económicas, sociales y fiscales, que se aprobarán por decreto, para complementar la prórroga presupuestaria y hacer frente a las condiciones impuestas por nuestros mayores europeos en materia de déficit. Esto es, bajar ese «gap» público del 4,6% del PIB de este año al 3,1% del siguiente.

Ahora bien, un ajuste que busca ya la connivencia de Ciudadanos y del PSOE en las negociaciones de cara a aprobar los Presupuestos Generales para 2017.

Visto –más bien «oído»– que las Cuentas tienen toda la pinta de no conseguir el apoyo de los socialistas –veremos, en cualquier caso, si de la formación naranja finalmente sí–, ha comenzado la ronda de negociaciones con un abanico de propuestas para el ajuste obligado sobre la base de dos vías de estudio: el techo de gasto y una «re»vuelta a la reforma fiscal. Con dos equipos negociadores por parte del Gobierno claramente diferenciados, pero que coinciden en lo básico, no tocar el IVA ni el IRPF: el liderado por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el del ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. El primero, condenado a entenderse con el equipo «conversador» designado por Albert Rivera: Luis Garicano, Toni Roldán, Francisco de la Torre y José Manuel Villegas. Que, después, también lo hará con los representantes de PNV. El segundo, negocia ya también con el equipo socialista: Pedro Saura y Valeriano Gómez.

Y ¡oh sorpresa! ¿Consenso? Pues... haberlo, haylo. Eso sí, en torno a un solo punto: exprimir la reforma del impuesto de Sociedades. «¡Claro, como las empresas no votan!», se quejan por ahí. El caso es que dentro de las propuestas que los dos equipos del Ejecutivo Rajoy están planteando a sus «partners» correspondientes hay una batería de retoques tributarios, que, sí o sí, deberán en la medida de lo posible no afectar al crecimiento y al consumo.

Por ello, coinciden todos en dar una vuelta de tuerca más a la reforma de Sociedades, ya que, de no tocar este tributo el año que viene experimentará una bajada de ingresos frente a 2016 de unos 3.000-4.000 millones de euros, en un escenario constante. ¿La razón? El efecto escalón en las devoluciones provocado por el aumento de las retenciones en Sociedades para las grandes empresas que se articulará los siguientes años y que el Ejecutivo aprobó hace unos meses.

Al margen del acuerdo, que parece que se anunciará en breve, en torno al impuesto a las empresas, en las negociaciones el Gobierno, tanto como sus «oponentes» al otro lado de la mesa, está abierto a revisar en 2017 «impuestos especiales menores», con el objetivo de profundizar en la corrección del sistema fiscal de determinadas actividades que tienen efectos externos negativos. Así, fiscalidad verde, hidrocarburos o los tributos al alcohol o al tabaco pueden encajar estos retoques.

Otros tributos como la Euroviñeta –tasa que deben pagar los vehículos pesados con más de 3,5 toneladas que la UE ha instado a España a aprobar– están también en mente si bien están generando mayor división en el seno del Ejecutivo. Por ejemplo, Hacienda rechaza subir la tributación de los carburantes por la contestación que podría generar, tanto como poner una tasa al vino, hoy con el 0%, («ni de coña, ahí sí que nos meteríamos en un auténtico un follón», advierten). Sin embargo, sí lo subirían a las bebidas azucaradas, ya que, aducen todos los negociadores, se haría por cuestión de salud pública y no para hacer caja. Y... ¿subir el IVA a hostelería y turismo, como dicen desde C’s que les ha propuesto su interlocutor? Por cierto, éste, desde luego, lo niega.

Sea como fuere, todo está abierto. Ahora bien, apunten, sólo se revisarán los productos con consecuencias negativas para la salud, el medioambiente o la actividad económica. Punto y final. Veremos.