El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont
El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont - EFE

El Estado posee casi el 60 por ciento de la deuda pública de Cataluña

La Generalitat afronta problemas para pagar créditos a corto plazo con bancos y pide el auxilio del Gobierno

MADRID Actualizado: Guardar
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La Generalitat de Cataluña tensa la cuerda de sus problemas de liquidez ante la mirada del Gobierno y de la banca. El Ejecutivo de Carles Puigdemont negocia estos días con varias entidades para poder cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo y por ello ha pedido el auxilio al Estado. En este contexto, la agencia de calificación crediticia Standard and Poor’s (S&P) tenía pensado rebajar la nota de Cataluña el pasado viernes, si bien la Generalitat consiguió aplazar el veredicto dos semanas. S&P iba a reducir la nota de la comunidad autónoma, ya en bono basura, debido a las tensiones de liquidez del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que no podía pagar varios vencimientos con BBVA, Caixabank y Banco Sabadell aunque finalmente consiguió renovarlos el pasado domingo.

Ahora la Generalitat apura el tiempo de gracia otorgado por S&P y negocia con los bancos convertir 1.614 millones de euros de deuda a corto plazo a títulos a largo. Esta operación permitiría que el mecanismo de rescate del Estado a las regiones, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cubriese el pasivo de la Generalitat con las entidades bancarias, según ha podido saber ABC. El Ministerio de Economía de hecho ha contactado con Standard and Poor’s para comunicarle que, si finalmente el Gobierno de Carles Puigdemont renegocia la deuda con los bancos para pasarla a largo, el Estado respaldará estos pagos mediante el FLA para así evitar que la agencia de «rating» rebaje aún más la nota de Cataluña. El departamento dirigido por Luis de Guindos estudia el encaje de estos títulos dentro del FLA.

El Ejecutivo de Carles Puigdemont continúa así la senda que desde 2012 emprendió el Gobierno de Artur Mas. Mientras la Generalitat aumentaba el tono del desafío indepentista año tras año con el Estado, no ha dejado de engordar su dependencia económica del Ministerio de Hacienda, que a cierre del año pasado ya tenía 40.000 millones de euros en pasivo público catalán.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, esta exposición se ahondará en 2016 debido al reparto de los mecanismos de financiación a las regiones. Cataluña recibirá casi un tercio de los fondos de liquidez que el Estado desplegará en 2016 para las comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda prevé dotar con 25.609 millones a las regiones, de los que 7.518 irán destinados a la comunidad, es decir, el 29% del total.

El Gobierno contacta a S&P para que no baje la nota a Cataluña respaldando deuda de la Generalitat con bancosEl Estado ha pasado de tener unos 2.000 millones de pasivo de la Generalitat en 2012 a casi 40.000 millones

Los más de 25.000 millones que el Estado inyectará a las autonomías abarcan los préstamos a bajo coste del FLA, para las regiones incumplidoras, y el de Facilidad Financiera, para las que presentan cuentas saneadas. En este último cajón solo figuran dos comunidades: Canarias (1.009 millones) y Galicia (1.671 millones).

Por el contrario, en el FLA están incluidas doce regiones: Comunidad Valenciana (con 4.662 millones, un 18% del total), Andalucía (3.205 millones, un 12,5%), Madrid (2.401 millones, un 9,38%), Castilla-La Mancha (1.468 millones, un 5,73%), Baleares (914 millones, un 3,57%), Murcia (880 millones, un 3,44%), Asturias (502 millones, un 1,96%), Aragón (479 millones, un 1,87%), Extremadura (381 millones, un 1,49%), Cantabria (317 millones, un 1,24%) y La Rioja (199 millones, un 0,78%).

Varias regiones aún deben decidir si acogerse al FLA. Es el caso de Madrid, que aún no ha aprobado pedir los fondos. Todo lo contrario que Cataluña, que ya comunicó al Estado que requiere de estos 7.518 millones. Para poder recibir el visto bueno de Hacienda, la comunidad de Carles Puigdemont deberá remitir en una semana su plan de ajuste para este año.

La posición de privilegio de Cataluña se repite al analizar los préstamos otorgados por el Estado a las comunidades desde 2012, a través de los fondos de rescate. Desde que el Gobierno pusiera a disposición de las comunidades los mecanismos de liquidez, la deuda de la Generalitat en manos del Estado no ha dejado de subir. En junio de 2012, según datos del Banco de España, el Gobierno Central solo poseía un 4% del pasivo de la Generalitat: unos 2.000 millones de un total de 47.896 millones. El porcentaje de pasivos de Cataluña que acumula el Estado ha crecido hasta el 58% del total que debe la Generalitat en unos años: a octubre de 2015, el Estado contaba con 39.461 de los 68.088 millones de pasivo catalán.

La creciente deuda de la Generalitat es la mayor entre las comuniades autónomas, lejos de los 40.262 millones que aglutina la Comunidad Valenciana. Pese al pulso que ha mantenido el Gobierno catalán con el Ejecutivo de Mariano Rajoy estos años, el Estado no ha dejado de inyectar fondos a la comunidad para costear sus servicios públicos y asegurar el pago a sus proveedores. Pese a los 40.000 millones recibidos desde 2012, la Generalitat continúa afrontando problemas de liquidez y ha pedido al Estado 700 millones de anticipo de la liquidación del sistema de financiación, que Hacienda suele repartir en verano.

Ante este escenario, cuando el consejero de Economía de Cataluña, Oriol Junqueras, telefoneó al titular de Hacienda Cristóbal Montoro el pasado martes o se reunió con Luis de Guindos en el Aeropuerto de El Prat el mismo día, no estaba solo ante ministros en funciones: se encontraba con los mayores acreedores de la Generalitat.

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