La frustrada opa de Abertis tensa al segundo accionista de AENA

La contraopa con que AENA se disponía a irrumpir en la puja por Abertis ha tensado, de nuevo, las relaciones con el segundo mayor accionista del operador de los aeropuertos españoles y primer tenedor de acciones privado, con un 12,11% del capital: el fondo británico TCI. Fue esta firma, precisamente, la que puso sobre la mesa una operación que habría convertido a la sociedad pública en el mayor grupo gestor de infraestructuras de Europa. El presidente de AENA, José Manuel Vargas, llevó esta propuesta al consejo de administración y a la comisión ejecutiva y, ante su envergadura e implicaciones, solicitó la autorización adicional del Estado, en concreto de Enaire, la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento que posee el 51% de las acciones de la compañía, según detallan fuentes del departamento ministerial.

[ Editorial: España no debe renunciar a Abertis]

El desenlace ya es conocido. Enaire, presidida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, remitió el pasado miércoles un escrito en el que mostraba su frontal oposición. «Una vez examinada la potencial adquisición de Abertis por AENA y valoradas sus implicaciones de todo orden, así como las razones de oportunidad y de contribución al interés general, ha decidido por unanimidad rechazar esta potencial adquisición», rezaba el escrito. El accionariado de AENA se topaba, nuevamente, con el muro institucional de una compañía, a todos los efectos, pública.

La negativa del Ejecutivo vuelve a tensar la relación entre la Administración y TCI. Este último se reunió a comienzos del año con diversas formaciones políticas españolas para convencerlas de los beneficios de abrir al mercado un porcentaje superior al 49% del capital actual. El fondo británico ha pedido una respuesta a Enaire, más allá del sucinto comunicado. La entidad defiende que el «estatus» del grupo aeroportuario ha cambiado desde la entrada de capital privado y que el corsé de la autorización del Consejo de Ministros supone un lastre para la internacionalización de una empresa con gran potencial de crecimiento; más aún en un contexto de fuerte expansión en el sector y liquidez regando los engranajes de crédito. El momento, argumentan, es ahora. De lo contrario, AENA perderá el tren de optar a la concesión de grandes aeropuertos, en beneficio de unos competidores con mayor agilidad en la toma de decisiones.

Reticencias del Gobierno

El plan se encontró con la resistencia, sobre todo, de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, según fuentes conocedoras de las conversaciones. En su contra, el elevadísimo importe de la oferta. Atlantia presentó el pasado mes de junio un «opa amistosa» que valora Abertis en 16.430 millones de euros. Pocos grupos cuentan con una capacidad de financiación suficiente como para erigirse en alternativa. Además, aunque la oferta presentada es mixta -es decir, comprende tanto el pago en metálico como en acciones-, la italiana ha deslizado la posibilidad de pagar íntegramente en efectivo.

El alto precio supuso el primer problema, para los detractores. Si el operador de los aeropuertos decidía lanzar una oferta en metálico esta habría aumentado su ratio de endeudamiento (actualmente cuenta con una deuda financiera de 7.716,4 millones de euros y con capacidad para emitir bonos por hasta un máximo de 5.000 millones durante los próximos cinco años) y, de manera indirecta, amenazaría el reparto de dividendos, del que el Estado es el principal beneficiado. De hecho, el Tesoro Público ingresará este año 292,9 millones de euros con cargo al ejercicio 2016.

Más complejo aún habría sido el escenario si AENA hubiera optado por una ampliación de capital para retribuir en acciones. Aquí aparecía el resorte del Real Decreto 13/2010, redactado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se rescató del cajón del Ministerio de Fomento para diseñar la privatización parcial de la sociedad. Esta norma blinda el carácter público de la compañía. Dar entrada a un nuevo accionista habría obligado a reformar dicha ley, para lo que es preciso alcanzar un acuerdo con el resto de formaciones del Congreso de los Diputados. No parece, políticamente, el momento oportuno para abordar esta cuestión, especialmente cuando no queda claro si el Gobierno cuenta con mayorías suficientes para aprobar la iniciativa.

Lo cierto es que este movimiento habría disipado el que es uno de los mayores temores de una parte del Gobierno, la pérdida de españolidad de una empresa con activos estratégicos. El Ejecutivo, sin embargo, prefiere conservar AENA como una compañía con un perfil nítido y ceñido, gestor de la red de aeropuertos española con algunas incursiones internacionales ( como Luton, en Londres), antes que dar forma a un nuevo gigante en infraestructuras. Además, la oposición ala opa de Atlantia, con una empresas pública como caballo de Troya, habría ensombrecido las relaciones diplomáticas con un socio comercial, como Italia. Razones políticas para un movimiento «a priori» empresarial.