El andamiaje legal que puede paralizar la opa sobre Abertis

El Gobierno ha dejado claro públicamente que podría intervenir, siempre respetando la legislación, para preservar los intereses generales del país ante la opa de la italiana Atlantia sobre Abertis. Los mensajes han subido de tono en los últimos días y tal es la escalada que el consejero delegado de la firma controlada por la familia Benetton, Giovanni Castellucci, se ha ofrecido a reunirse con el Ejecutivo español para ilustrarle sobre los «beneficios» de la operación. Para ello, estaría dispuesto incluso a transferir a la española activos iberoamericanos (Chile y Brasil) hoy en manos de Atlantia y desprenderse de su participación en Hispasat, si esta supone un obstáculo insalvable.

La compañía con sede en Roma prevé presentar el folleto de la opa a mediados de junio.

A partir de entonces las autoridades españolas deliberarán sobre las implicaciones de la oferta, un proceso que puede prolongarse en torno a dos o tres meses. Al margen de los habituales permisos de los organismos de competencia y de la CNMV, que vela por la transparencia de la operación, al Gobierno le corresponde la última palabra en varios ámbitos para que la opa se cierre con éxito, según los especialistas en derecho administrativo consultados por ABC.

Potestad del Ejecutivo para resolver concesiones

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado que el Consejo de Ministros debe autorizar que las autopistas de peaje españolas actualmente gestionadas por Abertis -1.559 kilómetros- pasen a manos del grupo italiano. De la Serna, en el Senado, indicó que se basa en la ley de construcción, conservación y explotación de autopistas y más en concreto en el artículo 31, que establece que «la cesión hecha a un tercero requerirá el previo consentimiento del Gobierno y habrá de ser total, sin que se admitan cesiones parciales de determinados tramos de la autopista».

El expresidente de Hispasat durante la primera legislatura del Gobierno de José María Aznar y exsecretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar Uribarri, abunda en este razonamiento. «El cambio sobrevenido del control de la concesionaria puede afectar a obligaciones tales como la estabilidad accionarial que ha podido ser determinante del otorgamiento de las concesiones -detalla Villar, quien liga este hecho con la opa de Atlantia-. No puede haber un cambio de concesionaria, sin respetarse los principios de publicidad y concurrencia, lo que podría determinar la sustitución de la concesionaria. No tiene sentido que se explote el dominio público del Estado español por una empresa que no ha sido la seleccionada por este».

Manuel Serrano, de Serrano Alberca & Conde, despacho especializado en expropiaciones, derecho inmobiliario y urbanismo, cita también la ley de contratos del sector público, que en su artículo 270 otorga a la Administración la posibilidad de resolver los contratos en este tipo de transacciones. Dicha norma recoge que en los casos de «fusión de empresas», así como en los «supuestos de escisión, aportación o transmisión», resultará imprescindible la autorización administrativa.

Se prevé un pulso entre el Gobierno y la firma italiana si aquel invoca esta cláusula. Fuentes jurídicas próximas a Atlantia especifican que no tienen constancia de que existan dichos condicionantes en los pliegos de las concesiones de Abertis, que son los que verdaderamente deben regir la relación contractual, y que operaciones anteriores del sector en España no han requerido la autorización a la que hace mención De la Serna.

El carácter estratégico de Hispasat

El Ejecutivo, asimismo, ha recalcado el carácter estratégico de Hispasat para los intereses españoles. Recientemente, Abertis ha elevado su participación en el operador de los satélites hasta superar el 90%, convirtiéndose en accionista de referencia indiscutible en la compañía, a mucha distancia de la SEPI (7,41%) y del Ministerio de Economía, a través del CDTI, con un 1,85%.

Hispasat, a su vez, controla Hisdesat, sociedad de la que dependen las telecomunicaciones del Gobierno y del Ejército español. El operador «tiene una actividad destinada a la defensa nacional» y ofrece «servicios esenciales de comunicación», remacha el expresidente de Hispasat, quien apunta que, por tanto, no tiene «ningún sentido que el sistema satelital español esté controlado por una empresa italiana». Villar recuerda, además, que «la posición de la órbita geoestacionaria que ocupa Hispasat fue solicitada por el Estado español ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones», por lo que supone «un contrasentido» su transferencia a una firma extranjera.

El Consejo de Ministros también se debería pronunciar. En 1997, en este sentido, el Ejecutivo fijó que «las acciones de la compañía serán nominativas y todos los actos y negocios jurídicos que impliquen su enajenación, gravamen o alteración en la composición accionarial, deberán ser autorizados» por el Gobierno. Los asesores legales de Atlantia no comparten el criterio del Ejecutivo: consideran que dicha norma se refiere a la composición accionarial de Hispasat, pero no a la de sus accionistas.

Ayudas públicas a Cellnex

En cuanto a una de sus participadas, Cellnex, pesa un fallo del Tribunal General de la Unión Europea, que consideró ilegales las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria y diversas comunidades autónomas a los operadores de la plataforma de televisión digital terrestre entre 2005 y 2009, de las que presumiblemente se benefició la antigua Abertis Telecom. «El Estado español cuenta con mecanismos de actuación tales como hacer cumplir a Cellnex, en sus estrictos términos y antes de que pase a estar controlada por otra entidad, la decisión» de la UE, recalca Villar.