Choque entre Gobierno y Competencia por el encaje legal de Uber y Airbnb

La CNMC ha denunciado varias normas del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo

MADRIDActualizado:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)sentenció, el pasado mes de diciembre, que Uber es un servicio de transporte y necesita licencia para operar. Un fallo contundente que, sin embargo, dejaba a los Estados miembros la potestad para regular este particular sector. En España, el encaje de Uber y Cabify dentro de la normativa sectorial ha causado grandes fricciones entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De hecho, la norma aprobada por el Ejecutivo con este fin (la modificación del ROTT) ha sido denunciada ante el Tribunal Supremo por el organismo presidido por Marín Quemada.

Todo apunta a que el real decreto que obliga a las plataformas turísticas a facilitar de manera periódica información fiscal sobre sus usuarios y sobre los viajeros, que fue aprobado por Hacienda en diciembre, seguirá el mismo camino. La semana pasada, la CNMC consideró que algunos de los datos exigidos eran «desproporcionados o innecesarios» e instó al Gobierno a modificar la norma. La respuesta todavía no se ha producido.

No es inusual que ambas instituciones tengan opiniones contrarias. De hecho, tienen otras causas abiertas en el Alto Tribunal. Sin embargo, llama la atención que cada normativa referente a la llamada economía digital genere un conflicto. El Ejecutivo ha utilizado la especulación (en el caso de las VTC) y el fraude fiscal (en el de Airbnb) para justificar sus decisiones.

¿En qué basa las suyas Competencia? Según aseguran desde el organismo, en fomentar «que existan las mismas reglas del juego». Un mensaje que, curiosamente, ha sido repetido por hoteleros y taxistas, que aseguran que las plataformas digitales no afrontan las mismas obligaciones, por ejemplo, en materia fiscal y laboral.

La CNMC entiende que el Gobierno ha hecho suyas estas reclamaciones. «Debemos contar con una regulación eficiente. No podemos convertir la normativa en una barrera de entrada para las nuevas compañías, sino que debemos reclamar que estas empresas cumplan con los mismos requisitos», explican fuentes de Competencia. En anteriores ocasiones, la irrupción de la economía digital generó divisiones en el seno de la institución. Esta vez, sin embargo, la petición de que Hacienda modifique la norma referente a las plataformas turísticas «se ha tomado por unanimidad», aseguran estas mismas fuentes.

Desde la CNMC destacan que, si bien no existe una normativa comunitaria para este tipo de empresas, la Comisión Europea ya publicó un informe hace un par de años «que iba incluso más allá» de la posición que ha adoptado. «La economía va a una velocidad asombrosa. Tenemos que articular una regulación que vaya en línea con estos cambios», explican desde la institución, que considera que debe ser el Ministerio de Empleo o el de Hacienda quien investigue si estas compañías están realizando algún tipo de infracción.

Confrontación

Los planes del organismo pasan por crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas que sirva para coordinar posibles acciones regulatorias relacionadas con las plataformas turísticas. «Esperamos sacar en claro medidas concretas de este grupo», explican desde la CNMC. Como era de esperar, esta posición ha levantado ampollas dentro del sector. José Luis Zoreda, vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), destaca que compañías como Airbnb son los responsables de los episodios de turismofobia registrados el año pasado y que la posición de Competencia no hace «sino fomentar su impunidad». «Nadie entiende por qué la CNMC se está posicionando de su lado, sabiendo que existen muchas lagunas relacionadas con su actividad», explica. Una tesis a la que se suma la Confederación de Hoteles Españoles (Cehat), que ha señalado en varias ocasiones que Competencia está ofreciendo un «trato de favor» hacia plataformas como Airbnb.

El sector del taxi, por su parte, lleva años asegurando que Marín Quemada está al servicio de «lobbies extranjeros». En las próximas semanas, distintas asociaciones del gremio se reunirán con él en la sede de la CNMC.