El Supremo admite a trámite el recurso de la patronal de Uber y Cabify contra el real decreto

La patronal de VTC cree que la norma «restringe la competencia de forma injustificada»

El real decreto del 29 de diciembre establece normas complementarias sobre la explotación las VTC INÉS BAUCELLS

G. GINÉS

El Tribunal Supremo no solo decidirá si la normativa que regula los servicios de alquiler de vehículos con conductor (VTC) es contraria a la competencia, como denunció la CNMC. También se pronunciará sobre el real decreto que aprobó el Gobierno el pasado 29 de diciembre para limitar la transmisión de las licencias VTC, con las que operan Uber o Cabify.

Este lunes, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unauto , la patronal de las VTC, contra la norma en cuestión . El real decreto establecía limitaciones a estas compañías, como la necesidad de poseer una licencia durante al menos dos años para poder llevar a cabo su venta. Una medida que, según el Ejecutivo, evitaba la creación de una burbuja en torno a estas concesiones.

Además, el decreto también obligaba a empresas como Uber o Cabify a registrar sus servicios en una base de datos pública. Una medida que, según fuentes cercanas a estas empresas, «vulnera de forma determinante la ley de protección de datos».

No solo Unauto ha realizado una denuncia de la norma . Uber también ha presentado un recurso, mientras que José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado que también llevará el real decreto ante los tribunales.

«Vamos a seguir, porque nos parece que es nuestro deber», ha asegurado el presidente de Competencia en un desayuno organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en el que ha recordado que la institución tiene varios procedimientos abiertos en los tribunales por la regulación del sector de los VTC.

La decisión de la CNMC se produce después de que el pasado viernes el Gobierno rechazara la petición del organismo de anular el real decreto sobre las VTC. En opinión de Competencia, se trata de una ley que «restringe la competencia de forma injustificada».

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