La banca reforzará el control de solvencia sobre sus clientes

A partir del próximo 21 de marzo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) empezará a exigir a todas las entidades financieras europeas bajo su supervisión una serie de obligaciones para un mayor control de la solvencia de sus potenciales clientes. Así, según ha podido saber ABC, desde esta fecha, entrarán en vigor para las entidades prestamistas todas las obligaciones derivadas de la Directriz EBA sobre contratos de crédito «celebrados» con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.

Bajo estas directrices, las entidades de crédito prestamistas bajo vigilancia de la EBA, antes de firmar un contrato, deberán evaluar en profundidad la solvencia del cliente, que «ha de basarse en la información necesaria, suficiente y proporcionada, relativa a los ingresos y gastos y a otras circunstancias económico-financieras del consumidor», explican fuentes financieras.

La nueva normativa europea refuerza así el papel protagonista del equipo financiero de la sucursal bancaria que deberá efectuar con máximo rigor las comprobaciones necesarias para evaluar convenientemente la solvencia del consumidor antes de contratar cualquier préstamo o crédito, cuya finalidad sea financiar la adquisición de fincas o edificios construidos o por «construir» o» contratar» préstamos o créditos que cuenten con garantía hipotecaria de un bien inmueble de uso residencial.

Los pasos que, a modo enunciativo y no limitativo, deberán seguir son básicamente cinco. Primero, deberán crear un expediente de cliente con toda la documentación utilizada para evaluar la solvencia del consumidor. Además, los empleados de la banca deberán hacer a los potenciales clientes de crédito y préstamos aquellas preguntas que les aporten toda la información sobre la capacidad de ingresos del consumidor, y que les permita tomar medidas para verificarlos. Con dicha información, elaborarán un historial de los mismos y su variabilidad en el tiempo.

Control de ingresos futuros

En este proceso de recopilación de información de los clientes, los bancos tendrán en cuenta los factores relevantes que podrían influir en la capacidad de pago de los mismos, incluidos los probables futuros ingresos después de la jubilación, si el plazo del préstamo supera la edad de jubilación esperada del consumidor.

Como medida preventiva que evite impagos futuros, las entidades no deberán condicionar nunca la firma definitiva de un contrato a un aumento esperado de los ingresos del cliente a menos que la documentación lo demuestre con pruebas suficientes.

Por último, las entidades deberán conservar, al menos durante la duración del contrato firmado, la documentación utilizada para evaluar la solvencia del consumidor, garantizando la disponibilidad de los archivos a las autoridades que lo requieran.