Economía prohíbe la doble comisión en los cajeros pero no fija una tasa máxima

El Gobierno ha zanjado la polémica por el cobro de una nueva tasa de dos euros en los cajeros a los clientes que saquen dinero en efectivo de terminales de entidades distintas a la suya. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el cual prohíbe cobrar al usuario una doble comisión. Para ello, el Ministerio de Economía ha decidido prohibir que el banco propietario del cajero cobre directamente al usuario esa comisión, como había empezado a hacer Caixabank. En su lugar, tendrá que cobrar esa tasa a la entidad emisora de la tarjeta, y esta a su vez decidirá si repercute parcial o totalmente ese coste a su usuario o lo absorbe al 100%.

Esto supone mantener prácticamente igual el sistema que funcionaba hasta ahora, y por el cual cuando el cliente retira dinero en un cajero de otra entidad, su banco le cobraba una comisión, que después se repartían proporcionalmente la entidad propietaria del terminal y la emisora de la tarjeta.

Sin embargo, Caixabank rompió ese modelo el pasado marzo al empezar a cobrar dos euros directamente a aquellos que no fuesen sus clientes.

Eso generó una situación en la que el usuario venía pagando una doble tasa por un mismo servicio, pues a la vez que Caixabank cobraba esos dos euros, el banco emisor de la tarjeta seguía cobrando la citada tasa de intercambio. Ante esa situación, y la falta de acuerdo entre las entidades para optar por un sólo sistema, como reclamó el Banco de España, el Ejecutivo popular intervino a mediados de este mes anunciando que regularía en dos semanas para evitar ese doble gravamen.

A partir de ahora, cuando un cliente retire dinero en efectivo de un cajero distintos a los de su entidad, el banco dueño del cajo tendrá que informarle de la comisión máxima que le puede repercutir su banco, como sucede ahora. «Ya no es posible la doble comisión que se estaba aplicando, y creemos que rápidamente vamos a ver cómo las comisiones se abaratan», ha dicho en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos.

En todo caso, el decreto no limita la cantidad que el cliente puede llegar a pagar por ese servicio. Actualmente el banco emisor de la tarjeta y el propietario del cajero pactan esa tasa y su reparto por escrito. Con la nueva norma, en caso de que no se pongan de acuerdo, la propietaria del terminal impondrá su criterio y por tanto el precio. Así, Caixabank, en caso de no pactar otra tarifa con el resto de entidades, podrá seguir cobrando esos dos euros, pero indirectamente a través del emisor de la tarjeta. El único tope que pone el decreto es que la cantidad que establezca cada banco, revisable anualmente, debe ser uniforme en todo el territorio nacional «y no será discriminatoria».