Heras no recibirá el millón de euros que reclamaba al Estado

Roberto Heras ganó por segunda vez la Vuelta a España de 2005 el 11 de diciembre de 2012 en el Tribunal Supremo, que anuló la sanción por dopaje que cumplió hasta febrero de 2008. Un año después, el 10 de diciembre de 2013, el ya exciclista reclamó ante el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) una indemnización de 1.079.048,86 euros. Es la cantidad en la que calculaba el perjuicio patrimonial sufrido por el castigo anulado: por la cancelación de su contrato con su equipo, el Liberty Seguros-Würth; por el final de su acuerdo de cesión de derechos de imagen; por la pérdida de un patrocinio de zapatillas y por no poder participar en el criterium de la Comunidad Valenciana. Pero la Administración no le va a pagar ese dinero.

Según un dictamen del Consejo de Estado emitido por unanimidad el pasado 16 de octubre, y al que ha tenido acceso ABC, no procede esta indemnización que reclama a través del CEDD: «De existir alguna responsabilidad, esta sería imputable a los organismos internacionales o a la Federación Española, autora de los actos anulados, sin que el Comité Español de Disciplina Deportiva (ni por tanto la Administración del Estado) se convierta en responsable por el hecho de no haber estimado el eventual recurso administrativo previo a la vía judicial que contra dichas sanciones se hubieran podido interponer».

Cuando Heras ganó por primera vez la Vuelta de 2005, con la que sumaba cuatro y se convertía en el ciclista que más acumulaba, el laboratorio antidopaje del Consejo Superior de Deportes (CSD) encontró EPO en una muestra de orina que se le había tomado después de la penúltima etapa, una contrarreloj disputada el 17 de septiembre de 2005 entre Guadalajara y Alcalá de Henares. El contraanálisis, que se demoró más de lo previsto por problemas con el procedimiento de los técnicos, volvió a encontrar EPO, y el 8 de febrero de 2006 la Federación Española de Ciclismo le quitó la Vuelta y los dos triunfos de etapa y le suspendió durante dos años.

Camino judicial

Ahí comienza un reguero de recursos que coincide con las primeras vigilancias que hace la Guardia Civil del laboratorio de Merino Batres, socio de Eufemiano Fuentes en una trama de dopaje de deportistas de alto nivel. Era el principio de la Operación Puerto, que acabó con el Liberty, y entre cuyos papeles apareció el nombre del ciclista. Años después, durante el juicio de la Puerto, en febrero de 2013, la juez comenzó a leer uno de esos papeles: «Heras...». «Sí -concedió Eufemiano Fuentes enseguida-, estaba Heras». Fue uno de los únicos tres clientes de la época de aquella Vuelta a España que identificó.

Mientras avanzaba la investigación de la Puerto, Heras recurrió al CEDD y perdió. Después, en lugar de acudir al TAS, optó por la justicia ordinaria para que le suspendieran la sanción, pero en mayo la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Castilla y León lo desestimó. Más adelante Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le dio la razón y el CSD y la federación decidieron recurrir al Supremo, donde Heras volvió a ganar la Vuelta que durante seis años había estado en el palmarés de Denis Menchov. Recuperó el dinero de los premios, y decidió luego pedir un millón más.

Para sustentar que se le niegue, el dictamen del Consejo de Estado recuerda que la anulación del castigo se produjo «sobre la base de defectos formales relacionados con la analítica de las muestras extraídas al Sr. Heras. Sin embargo, el Sr. Heras reclama a la Administración pública española y no a la UCI, entidad esta que fue la que eligió el laboratorio, elección esta, que se encuentra en el origen de los acontecimientos». Según explica, al ser la Vuelta una prueba internacional, en ella la federación no ejercía «funciones delegadas por una Administración pública sino las delegadas por dicho organismo internacional [UCI]».

El texto de 14 páginas del Consejo de Estado respalda las conclusiones de los informes emitidos previamente por el Tribunal Administrativo del Deporte (10 de marzo) y por la Agencia Española de Protección en la Salud en el Deporte (1 de abril) y que fueron respaldadas también por la Abogacía del Estado. A sus cuatro Vueltas no sumará el millón de euros que pedía.