Un juez ordena la readmisión de dos operarios a la Comisaría de Policía de Cádiz

Más de dos largos años ha durado la batalla de los trabajadores de mantenimiento de la Comisaría de Policía Nacional de Cádiz para recuperar sus empleos, pero la semana pasada dos de ellos ponían fin al calvario tras un larguísimo litigio que ha terminado en el Tribunal Supremo. Estos operarios gaditanos han sido de los primeros en hacerlo de los ochenta que realizaban esta labores en edificios de Andalucía occidental y Extremadura, según explican a este medio ellos mismos, que piden anonimato para poder pasar página en la nueva empresa que ofrece ahora el servicio.

Este personal se venía encargando de reparaciones de averías, puesta a punto de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, así como de sistemas eléctricos, lo que resulta esencial en inmuebles de este tipo que tienen actividad durante las 24 horas del día.

Los problemas comenzaron en junio de 2013 cuando la entonces empresa adjudicataria Arción S. A. hizo un ERE para los 136 trabajadores que habían sido subrogados del servicio de mantenimiento de las comisarías de Policía Nacional. La decisión desmantelaba prácticamente el servicio y provocaba un problema en estos edificios públicos hasta el punto de que apenas cuatro meses después el Ministerio del Interior suspendía la adjudicación a la compañía. Pero ya para entonces había solicitado el concurso de acreedores y dejaba de pagar nóminas.

La respuesta de esta plantilla fue inmediata y pronto comenzaron a presentar las demandas contra los despidos. Aclaran los propios afectados que «todos los tribunales nos han dado la razón». Primero el de la Audiencia Nacional, al que recurrieron en un principio al tratarse de un asunto que afectaba a provincias de distintas comunidades y terminó en el Supremo. «Así pasamos más de un año y la empresa volvía a recurrir, pero ya no hay marcha atrás», insisten.

Con esta última sentencia en la mano, llegó el turno de los juicios individuales para tratar caso a caso y fue el Juzgado de los Social número dos de Cádiz el que terminó ordenando la incorporación inmediata y permitiendo que estos dos gaditanos sean los primeros en volver a sus empleos después de dos años.

En enero de 2014 el Ministerio adjudicó el servicio a una nueva compañía que es la que tiene que encargarse de readmitir a los trabajadores. Sin embargo, las indemnizaciones y el salario de todo este tiempo lo ha de asumir la anterior (Arción SA), así como la propia administración pública de manera solidaria, tal como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio.