Anticorrupción se opone a que la Policía sea apartada de la investigación de los cursos

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el auto de la juez Mercedes Alaya que ordenaba a la Policía apartarse de las investigaciones sobre los cursos de formación que se llevan a cabo en otros juzgados de Andalucía. En un escrito que Anticorrupción acaba de hacer público anuncia recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el citado auto de Alaya alegando que los funcionarios de las unidades de policía judicial no pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que no finalice la misma o la fase del procedimiento judicial, que la originara si no es por decisión del juez o fiscal competente. Así el fiscal considera que la UDEF de la Policía debe seguir con las investigaciones de otras provincias y la UCO con la iniciada por Mercedes Alaya a raíz del testimonio del funcionario Teodoro Montes.

En este sentido, Anticorrupción recuerda que en las diligencias que se llevan a cabo por encargo de los jueces, los funcionarios integrantes de las unidades de policía judicial tendrán el caracter de «comisionados de dichos jueces» y podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades y, en su caso, de los particulares.

Por ello, insiste en que la autoridad judicial puede encomendar la investigación a un cuerpo o unidad especializada y que las discrepancias que existan entre diversas instituciones del Estado deberán encontrar «sus vías de resolución a través de la comunicacion fluida, honesta y completa, prevalenciendo finalmente el criterio de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal».

El fiscal cree que la solución a a la existencia de varios colectivos policiales que actúan en el mismo territorio con funciones similares y al menos parcialmente comunes, «obliga necesariamente a la cooperación recíproca y a su coordinación, siempre en un marco de lealtad».  Así el fiscal pide a la juez que, sin perjuicio de las atriubuciones que como instructora le atañen, y la facultad de encomendar a un determinado cuerpo la investigación, se exija la coordinación entre ambos cuerpos (en este caso la Policía y la Guardia Civil) siempre en aras del buen fin de la investigación.

En este sentido, el fiscal solicita también que se complemente el requerimiento dado al director general de Policía en el sentido que solamente se extienda a aquellas investigaciones objeto del procedimiento de Alaya (que son investigadas por la UCO) y no a las que se desrrollan en cada provincia dirigidas por distintos jueces y que fueron encomedadas a la UDEF de la Policía. Según el fiscal las investigaciones que se llevan a cabo en otras provincias  «no pueden tener el mismo ámbito» que las de Alaya donde se investiga prevaricación, malversación y fraude en las subvenciones en el seno de la Dirección General de Empleo.