INFRAESTRUCTURAS
Así puede afectar a Cádiz la implantación de los peajes
Bruselas impone su ley para que los usuarios sufraguen parte del mantenimiento de las carreteras
La medida, que está sobre la mesa, señala a la Cádiz-Sevilla (Ap4), la Cádiz Vejer (A-48) y el recorrido Jerez-San Fernando como posibles vías de pago
Vuelve el debate sobre el pago por el uso de las carreteras del Estado. En esta ocasión la polémica surge en la víspera de las elecciones Generales del 23J y ha sido objeto de enfrentamientos en plena campaña electoral. El entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejó este asunto en un cajón cuando fue cesado por el presidente, Pedro Sánchez, en julio de 2021 y sustituido en el cargo por Raquel Sánchez, quien avanzó ese mismo año algunos detalles de esta impopular medida. Bruselas acaba de confirmar este jueves lo que era un secreto a voces desde 2021: España tendrá peajes a partir de 2024.
La actual ministra de Transportes quería consensuar una fórmula para paliar el déficit de mantenimiento de las carreteras y tranquilizar a Bruselas sobre el gasto público, pero esta iniciativa volvió al cajón hasta nueva orden. Sin embargo, el tiempo apremia y llega el momento de tomar decisiones.
Ahora es Bruselas quien pide cuentas al Gobierno sobre este asunto y le recuerda que «quien contamina paga». El pago de peajes está encima de la mesa y ahora es cuestión de definir cómo y cuándo se lleva a cabo.
La ministra reconoció el pasado año que o seguimos con un sistema plagado de «desequilibrios e ineficiencias» o «transitamos» hacia un modelo basado en la «contribución del usuario», es decir, en más peajes. España tendrá más peajes en sus autovías pero no se sabe todavía ni cómo ni a partir de cuándo. Así lo ha confirmado recientemente la Comisión Europea, que insiste en que la medida sí que forma parte del plan de recuperación español y será analizada por Bruselas cuando España quiera acceder al quinto tramo de los fondos -todavía no se ha entregado si quiera el cuarto-.
Esta información llega en medio de la polémica desatada por el director de la DGT, Pere Navarro, quien aseguró hace días que todas las autovías españolas serían de peaje a partir de 2024 por «imposición de Bruselas». El Gobierno en este sentido negó la mayor y desde el PP avisaron de que revocarán este paso si llegaban a Moncloa tras el 23-J. «Es un tema sensible», comentó Navarro; a la vez, desde el Ministerio apuntaron que se trata de una cuestión que se está analizando todavía con el Ejecutivo comunitario.
Uno de los objetivos de la nueva ley es «establecer un sistema de financiación del uso de las carreteras del Estado, que se implantará a partir de 2024», basado en el principio de «quien contamina paga».
La Comisión añade que, según lo acordado con el Gobierno central, «el objetivo de esta medida es internalizar el coste externo del transporte por carretera, creando así incentivos para una mayor eficiencia en este sector y conduciendo a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero». No obstante, terminan, la medida será examinada «en el quinto tramo» de fondos.
Ruido de fondo y desmentido
En ese contexto, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, incidió que la medida no está ya sobre la mesa y desmintió lo dicho por Pere Navarro y los argumentos expuestos en 2021 para sufragar el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.
De todos modos, se trata de una cuestión para el medio plazo, pues España -el país miembro más adelantado en la recepción de fondos- logró el pasado mes de marzo el pago del tercer tramo, de 6.000 millones, y sujeto a la reforma laboral, entre otros objetivos. El cuarto tramo, por otra parte, está vinculado a la reforma de las pensiones y ya el quinto tendría una relación directa con el asunto de los peajes. Hasta la fecha, la Comisión ya ha enviado 37.036 millones de euros, el 53% del total de la subvenciones previstas en el plan europeo de recuperación.
En cualquier caso, tarde o temprano tocará pagar. Raquel Sánchez, con la confirmación oficial de que su departamento estudia esta medida, concretamente la de tarificación por el uso de estas infraestructuras, a partir de 2024. El mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado es lo que ha llevado al Gobierno de la nación a cobrar por su uso, ya que el coste aumenta cada año, al mismo tiempo que aumenta cada año la incorporación de nuevos kilómetros a la red.
Los PGE de 2023 contemplan una inversión de 2.666 millones de euros en mantener y ampliar la red de carreteras del Estado (RCE), lo que supone un 8,4% más que en los PGE 2022, poniendo mucho énfasis en la conservación de las infraestructuras. De ese montante,10 millones, por ejemplo, corresponden al mantenimiento de los dos puentes de Cádiz. Se trata de la cifra más alta de la historia. Esta abultada factura hace inviable, según el Gobierno, la gratuidad de las infraestructuras rodadas y, por ello, se aborda ya seriamante su gravamen. Según la propuesta del Gobierno, la provincia de Cádiz podría albergar h asta tres peajes en distintos puntos.
Red provincial
La provincia suma 168 kilómetros de autovías y autopistas, de los que 48 corresponden a la antigua Ap-4 (Cádiz Sevilla) y el resto a la Cádiz-Vejer (A-48) o los tramos desdoblados que discurren entre Jerez-El Puerto-Puerto Real-San Fernando, además de los que conectan el entorno de Algeciras y La Línea con la A-7, la autovía del Mediterráneo. Se trata de vías de alta capacidad y, por tanto, señaladas para peajes.
Un estudio de las empresas que se encargan de mantener la red nacional ya adelantaron hace un lustro que el coste de la tarificación, para que salieran las cuentas, sería de un gravamen de entre 5 y 12 céntimos para los vehículos ligeros y de entre 10 y 20 céntimos para los pesados. El impacto de esta medida en la provincia pesaría sobre 168 kilómetros. Cádiz es la provincia andaluza con menos kilómetros de la red del Estado. Cuenta con 322 siendo Córdoba, con 624, la que se lleva la palma. De los 322 kilómetros que tiene Cádiz, un total de 120 son de autovías, 48 corresponden a la antigua autopista de peaje entre Cádiz y Sevilla y 32 a las multicarril, que estarían fuera de la futura tarificación. Además la provincia suma también 122 kilómetros de carretera de una calzada, como la antigua N-340 entre Vejer-Tarifa-Algeciras.
Los posibles peajes que plantea el Gobierno, de llevarse a efecto la medida, afectarían en Cádiz a tres puntos muy concretos. A los 48 kilómetros de la Ap-4 (Cádiz-Sevilla), a los 36 kilómetros de la A-48 (Cádiz-Vejer) y a los 122 kilómetros que se reparten en los tramos Jerez, El Puerto, Puerto Real, San Fernando y a los accesos al Campo de Gibraltar de Algeciras, La Línea y San Roque.
Dentro de la actuación ministerial se encuentran las concurridas CA-33 entre San Fernando y Tres Caminos, con 12 kilómetros de longitud, además de la CA-31 y CA-32, en El Puerto, la CA-34, acceso a Gibraltar, y la CA-36, acceso a Cádiz por el puente Carranza, además de la CA-35, acceso a Cádiz por el puente de la Constitución.
Quedarían fuera del mapa, las carreteras de una sola calzada y doble dirección cono el tramo de 95 kilómetros de la antigua N-340 entre Vejer y Algeciras y los 3,6 kilómetros de la N-349 de acceso al aeropuerto de Jerez, entre otros. La VOZ ha podido saber que quedan fuera también de esta categoría los 32 kilómetros de vías catalogadas como 'carreteras multicarril', que son carreteras que, sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos carriles destinados a la circulación para cada sentido, con separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces a nivel. Dentro de las carreteras multicarril de titularidad estatal entran 9,7 kilómetros de la A7-S que corresponden a la circunvalación de Algeciras, que por sus características geométricas y la presencia de semáforos, no se incluye dentro de la catalogación como vía de alta capacidad.
