La Junta pide al ministro que establezca criterios homogéneos en el reparto de las tarjetas monedero
Loles López Gabarro, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha remitido una carta a Pablo Bustinduy Amador, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Estimado Ministro:
El pasado 29 de diciembre de 2023 le remití un escrito expresándole mi mas profunda preocupación ante la desconcertante situación generada por el Gobierno de España con el cambio de modelo que supone el Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España, respecto al que venía gestionándose desde 2014 a través de entidades de distribución como la Cruz Roja y el Banco de Alimentos.
En el mismo le solicitaba la celebración con carácter urgente de una reunión bilateral a fin de abordar la reformulación del Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España. En particular, desde Andalucía solicitamos la modificación del programa en los siguientes términos:
Habilitación de una vía dual para la provisión de la ayuda de modo que, junto a la modalidad indirecta a través de un sistema de tarjetas, puedan proporcionarse alimentos y asistencia material básica directamente a las personas más desfavorecidas a través de las entidades de distribución.
Modificación de la definición de los principales grupos destinatarios, de manera que la intervención no se concentre exclusivamente en familias con menores a cargo, posibilitando que las comunidades autónomas puedan adaptar el perfil de las familias destinatarias en función de sus propias singularidades.
Exigencia de la misma flexibilidad que se están otorgando los ministerios para la primera etapa de implementación del programa a través de la concesión de subvenciones directas.
Con fecha 8 de abril de 2024, la Comisión ha aprobado una modificación del programa que no contempla ninguna de nuestras peticiones y se limita a incorporar los cambios necesarios para dar cobertura a la puesta en marcha durante el año 2024 del programa de modo transitorio mediante la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Precisamente, este programa transitorio ha puesto de manifiesto una faceta más del carácter excluyente del modelo adoptado, puesto que tras la adjudicación por Cruz Roja España del
procedimiento de licitación para la provisión de tarjetas, en Andalucía tan solo 120 municipios cuentan con al menos un establecimiento para adquirir los alimentos y las asistencia material básica. Es decir, 665 municipios de Andalucía quedarían en la práctica excluidos del programa, un 85 % de las entidades locales de esta comunidad. Una exclusión territorial que multiplica el ya de por sí carácter excluyente de un modelo en el que tan sólo se podrá atender en Andalucía anualmente entre 15 y 20 mil familias con menores a su cargo que, en el mejor de los casos, apenas sumarían un total de 50 mil personas, lo que significa que el 85% de las personas actualmente atendidas quedarían sin cobertura, destacando los colectivos de mayores, personas sin hogar y la mayoría de las personas inmigrantes.
Por otra parte el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha negado reiteradamente a establecer criterios homogéneos para la determinación de los requisitos de acceso a su programa transitorio en todo el Estado, tales como la definición del concepto de unidad familiar o la determinación del periodo temporal sobre el que se ha de llevar a cabo la comprobación del umbral de renta, indefinición que se extiende a la documentación exigible para respaldar la acreditación de estos aspectos, de modo que se está induciendo a una situación de inequidad en el trato a la ciudadanía en función de la comunidad autónoma de residencia. Cabe asimismo señalar la precariedad de los medios previstos para las derivaciones, mediante rudimentarias fichas en formato hoja de cálculo. No existe por tanto intención por parte del Ministerio de habilitar un sistema de información que ofrezca las mínimas garantías básicas para el cumplimento de obligaciones de materia de protección de datos.
Llegados a este punto y compartiendo con otras muchas comunidades autónomas la preocupación por los negativos efectos de un modelo que va a condicionar por completo la capacidad de atención a las necesidades de la población vulnerable durante el próximo lustro, solicitamos la convocatoria con carácter urgente de una sesión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fin de someter a examen la actual configuración del Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España.
Reciba un cordial saludo,
Loles López Gabarro
Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
