URBANISMO
La inspección logra poner coto al aumento de viviendas ilegales en Cádiz
La Junta actúa con rapidez para paralizar las obras antes de que se habiten por sus propietarios
La consejería ha practicado 142 precintos en lo que va de año y ha reprecintado otras 300 edificaciones
JAVIER RODRÍGUEZ
CÁDIZ
Las construcciones ilegales en la provincia siguen brotando, pero la presión y el control urbanístico han desacelerado las obras y, sobre todo, su ocupación. En la provincia de Cádiz, se han practicado 142 precintos en lo que va de año 2025, además de reasegurar precintos en unas 300 parcelas y edificaciones para garantizar el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas. La Consjería de Fomento aclara que los reprecintos se han llevado a cabo para garantizar el procedimiento y evitar que, durante la tramitación, se finalicen, terminen o simplemente se consoliden obras sobre suelo rústico.
Estas últimas actuaciones se han llevado a acabo en Barbate, Arcos, La Línea, y Jerez. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha manifestado que estas intervenciones son fruto de «la apuesta por la labor inspectora de este Gobierno para hacer cumplir la legalidad urbanística». En su opinión, «gracias a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), hemos puesto el foco en la prevención de las parcelaciones y las construcciones sin licencia en suelo rústico», ha señalado, recordando que en los últimos años se han alcanzado «cifras récord» que contrastan con «la nula actividad por parte de los anteriores gobiernos socialistas, con años como 2018 donde no se practicó ningún precinto».
El pasado 25 de julio técnicos municipales del Ayuntamiento de Chiclana, en aplicación de las medidas de inspección y control de la legalidad urbanística, procedieron al precinto y paralización de diversas obras que se estaban ejecutando sin licencia en suelo rústico. Una de las actuaciones consistió en la paralización y precinto de una parcelación en camino de la Laguna de Boada.
No ha sido la única. Se trata de un goteo de precintos y denuncias que tiene su mayor radio de acción en los municipios de Chiclana, El Puerto y Sanlúcar. De hecho, en abril fue la Junta de Andalucía la que precintó de golpe la construcción de una urbanización ilegal en suelo rústico en el paraje conocido como Ribera de La Oliva, en Barbate. En total, 53 parcelas. En esta misma zona ya se había actuado en 2021 por las mismas razones.
La inspección autonómica persigue frenar el proceso de ocupación ilegal de un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición. Con ello, la Consejería de Fomento está evitando el daño medioambiental que provoca la cantidad de residuos humanos vertidos de forma descontrolada por las edificaciones ilegales recientemente construidas. Además, se evita igualmente un riesgo para los propios propietarios, ya que algunos lotes, sobre todo los más próximos a las Marismas de Barbate, se sitúan en un enclave con peligro de inundaciones.
Coordinación entre administraciones
Los procedimientos sancionadores y de protección de la legalidad iniciados por la inspección autonómica se realizan en plena coordinación con la Fiscalía provincial de Cádiz, teniendo en cuenta el carácter delictivo de edificar en zona rústica. Además, como novedad que recoge la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), estas sanciones no sólo irán dirigidas contra los parceladores, sino también a quienes adquieren lotes o porcentajes de participación en dichas parcelaciones.
De hecho, el balance de actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con récord de 2.149 actuaciones en 2024. Destacan los casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.
Suma y sigue. Una de las mayores actuaciones de la Junta de Andalucía contra el urbanismo ilegal tuvo lugar entre los meses de junio y julio de 2024. Los técnicos precintaron l.300 parcelas y edificaciones ilegales. Buena parte de ellas se encontraban en los municipios de La Línea, Chiclana, Paterna, Barbate y Sanlúcar. Sólo en Chiclana se han llegado a contabilizar más de estas 16.000 viviendas ilegales. En el municipio portuense también se cuentan por miles.
Al respecto, la consejería ha comparado los 300 precintos realizados en apenas dos meses con «casi la ausencia total de precintos y edificaciones en 2018, último año del ejecutivo socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados afectaron únicamente a 38 parcelas».
La actuación de Fomento se apoya ahora en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La nueva norma contiene las «herramientas necesarias para poner freno a la proliferación de edificaciones ilegales. Este nuevo marco normativo contiene novedades y mejoras en relación con el régimen cautelar, obligando, por ejemplo, al precinto y suspensión de toda obra ilegal de forma rápida y ágil», se destaca desde la Consejería.
Tal y como exponen desde la Fiscalía de Medio Ambiente, en estos últimos años ha habido un aumento de diligencias previas (actuaciones en el juzgado), y calificaciones en esta materia. Las construcciones ilegales se han incrementado y tanto desde el Ministerio Fiscal como desde la administración autonómica se está actuando para evitar que dicho repunte continúe y restablecer la ley allí donde se ha vulnerado.
De esta forma, el Servicio de Inspección de la Junta ha aumentado su presión sobre este tipo de parcelaciones actuando de una manera más preventiva, pre-procesal, precintando e informando al Ministerio Fiscal. Y en paralelo, la Fiscalía continúa también dando curso a todas estas diligencias. En 2023 hubo 255 de estas diligencias de investigación y este año se va superando ya esta cifra. Se trata de un número importante ya que hay que tener en cuenta que estas investigaciones son sobre un terreno en su totalidad, lo que puede implicar que cada una de ellas incluya a su vez a decenas de propietarios denunciados.
Las denuncias que llegan a la Fiscalía y las decenas de casos que manejan en la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía dan cuenta del cambio que han experimentado estas construcciones ilegales. A este respecto, si antes eran edificaciones individuales de ladrillo, ahora lo que predominan son las parcelaciones.
Estas parcelas hechas sobre un mismo terreno se dividen y venden por lote. Y en ellas, en muchas ocasiones, se levantan casas prefabricadas, lo que sus propietarios creen que les exime de las medidas cautelares. Sin embargo, estas casas sí están adheridas al suelo, por ejemplo, con tortas de cemento, y además, suelen tener fosas sépticas, conducciones para el agua, enganches a la electricidad, etc... por tanto, y como retirarlas supone una demolición, sí se consideran viviendas ilegales como tales.
La demolición, además del pago de cuantiosas multas, es el revés judicial al que se enfrentan quienes no respetan la ley en estos casos. Sin embargo son muy pocas las que se llevan finalmente a efectuar. En 2021 sólo se realizaron once. Y en 2022 fueron seis. Cinco de ellas fueron ejecutadas de manera voluntaria por los condenados que veían de esta forma la mejor de las salidas ante la sanción impuesta.
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