Los «fallos técnicos» en las pulseras para maltratadores en Cádiz provoca la falta de pruebas contra ellos en los juzgados
La Fiscalía de Violencia de Género advierte que unos errores en las transcripciones de datos en el sistema Cometa les han dejado sin pruebas, «huérfanos», para poder enjuiciar estas conductas
En la provincia se han instalado en el último año 130 dispositivos telemáticos, 78 para control de pena y 52 para control de medida cautelar. Actualmente, hay 4.376 casos de alerta activos, y de ellos 2.419 tienen seguimiento policial
Los fallos técnicos detectados y reconocidos por el Ministerio de Igualdad sobre el sistema de control de las órdenes de seguimiento a los maltratadores por pulsera telemática -el sistema Cometa- ha tenido sus efectos en todo el país. En todos aquellos lugares y rincones donde una víctima pudiera estar en situación de riesgo y su agresor en vigilancia por imperativo legal. Como en la provincia de Cádiz. Y así lo advertía hace ya meses también la Fiscalía de Violencia de Género cuya responsable alertaba de que el sistema estaba fallando.
De esta forma se recoge en la Memoria anual que cada ejercicio hace el órgano provincial donde se insiste en la necesidad de que «extremar la vigilancia aumenta la protección de las víctimas». Y en este punto, la fiscal delegada Lorena Montero ya avisaba de que existe «una dificultad añadida provocada por el cambio de titularidad de la empresa prestataria del servicio de seguimiento». Según expone ha ocurrido «en más ocasiones de las deseadas», detallando que esto pasaba cuando solicitaba como diligencia que se les remitieran las transcripciones de las conversaciones mantenidas por la central Cometa y el investigado. «Nos están objetando diversos problemas técnicos abstractos impeditivos para descargar estos datos», advierte.
Y aunque este error haya podido ser resuelto o mejorado, ya ha tenido su consecuencia penal. Así lo indica también la Fiscalía que explica que al no haber podido tener acceso a estos datos, ya se han quedado «huérfanos de una prueba de relevancia para el enjuiciamiento de estas conductas». Esta actividad se ha completado con la incoación de otras 39 diligencias previas, si bien en estas la actividad investigadora ha versado sobre las denuncias que se reciben en Fiscalía procedentes del teléfono de asistencia a mayores, del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, personal sanitario, Ayuntamientos, particulares, etc.
Más de 4.000 casos de protección activos: la mitad con seguimiento policial
Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la provincia de Cádiz mantiene actualmente activos en el sistema de protección 4.376 casos de los que 2.419 tienen seguimiento policial (3.845 el pasado año, de los cuales 2.366 tenían seguimiento policial).
Además, se añade, se han instalado 130 dispositivos telemáticos, 78 para control de pena y 52 para control de medida cautelar. Ello «a pesar de las dificultades que imponen municipios pequeños propios de esta provincia, algunos de ellos, incluso con problemas de cobertura».
Por otro lado y según datos del punto neutro judicial, el número de denuncias durante el ejercicio de 2024 se cifró en en 6.215, lo que acredita un incremento respecto a los dos años anteriores que fueron: 5.618 (2023), y 5.777 (2022), de las cuales mayoritariamente las víctimas son mujeres de nacionalidad española.
La Fiscalía también vuelve a recoger en la memoria que sólo una minoría acude directamente a los juzgados a denunciar: 31, frente a 64 de 2023 y 52 de 2022. «Lo normal sigue siendo vía Policía o Guardia Civil por atestado, que fueron 4.795, sí bien en 4.253 fueron las propias víctimas las que quisieron dar el paso. En 484 de las ocasiones, se debió a la intervención directa policial, frente a las 222 del pasado año, lo que indica un incremento de estas intervenciones, en las procedentes de los servicios de asistencia y terceros, de 655 se ha incrementado a 1.150.
En cuanto a las diligencias urgentes incoadas han disminuido. De 2.841, respecto a las 2.945 (de 2023) y 2.752 (2022), frente a un incremento de las diligencias previas -2.945- habiéndose tramitado 2.222 en 2023 y 2.794 en 2022, circunstancia esta que probablemente ha motivado que se formulen menos escritos de acusación, 2.557, frente a los 2.968 del año anterior. También en este camino procesal en los casos de violencia de género sí han aumentado el número de conformidades: 1.192, respecto a las 881 anteriores.
La reparación sin reparar por insolvencia
Como indica la Fiscalía además de las mejoras en el sistema de protección y también en el terreno asistencial, sigue siendo un reto lograr que exista una efectiva reparación de las víctimas, como por ejemplo la satisfacción de las responsabilidades económicas estipuladas en sentencia, ya que en ejecución en la mayoría de los casos el acusado es declarado insolvente. «Es necesario incorporar medidas aseguratorias durante el curso del procedimiento y profundizar con órganos también especializados y mecanismos adecuados de coordinación institucional que logren una efectiva reparación de las víctimas, sus hijas e hijos».
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